Otra condena a la DGA por ir en contra de una firma envuelta en la Operación Minas

El Gobierno de Aragón acumula ya tres sentencias condenatorias por ir en contra de de una de las empresas envueltas en la Operación Minas, la multinacional Hanson Hispania. En el último fallo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza estima que el consejero de Industria, Arturo Aliaga, anuló un permiso de investigación a la citada firma británica sin cumplir «los trámites legalmente previstos». Dicha sentencia se emitió en septiembre del año pasado y está recurrida, pero la empresa ha logrado hace unas semanas la ejecución provisional, que afecta ahora a una explotación autorizada con posterioridad a la anulación del permiso de investigación por parte de Industria.

Este expediente estaría incluido entre los investigados por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía dentro de la Operación Minas, que destapó un gran número de irregularidades en la tramitación de concesiones mineras y por las que están imputadas 13 personas. Entre ellas, un alto cargo de la DGA, su antecesor y otros cinco funcionarios.

La Policía considera que la «insistencia demasiado pertinaz» de Hanson por lograr el permiso de investigación minera, denominado Ebro Fracción I, que afecta al ámbito de la plataforma logística y su hipotética ampliación, denota «un interés económico que se derivaría de la expropiación que debería pagar la Administración».

Dicho permiso, solicitado en 1987, concedido en 2004 y anulado tres años despúes, daba a Hanson derecho preferente sobre los recursos mineros de la zona de investigación, que abarca 244 cuadrículas mineras, más de 6.800 hectáreas repartidas por los términos municipales de Bárboles, Pinseque Garrapinillos y Grisén, El problema se quedaría exclusivamente en una posible indemnización a pagar por la Administración, que fuentes oficiales de Hanson aseguraron que por el momento no han solicitado, si no fuera porque la anulación del permiso sirvió para que la DGA otorgara a otra empresa, Áridos y Construcciones Pinseque, una concesión de una explotación de gravas.

La multinacional exigió en la ejecución de la sentencia que se cumpla la ley, que establece su prioridad en la explotación de los recursos. Tanto la DGA como la empresa afectada recurrieron sin éxito, ya que el juez incidió en que la pretensión de Hanson era «muy ajustada» y entiende que no produce «perjuicios apreciables».

En la sentencia previa, el juez recordó que la Comisión Jurídica Asesora de Aragón ya informó desfavorablemente sobre la anulación del permiso y que, pese a todo, siguió adelante. «Parece manifiesto que la DGA no cejaba en la intención de declarar nula la resolución (por la que concedió el permiso), lo cual, si pretende hacerlo, debe ser por los trámites legalmente establecidos», especifica.

Fuentes oficiales de Industria resaltaron que si anularon el permiso de investigación, concedido solo dos años antes, fue porque la empresa carecía del presupuesto necesario para afrontar una investigación que abarca más de 6.800 hectáreas. «Al recurrir el Ayuntamiento de Bárboles se retomó el expediente y vimos que había cosas que no se hicieron bien. En la petición del permiso, Hanson incluyó un presupuesto de 35 millones de pesetas, pero en un informe que se solicitó a los técnicos de Minas se valoró la inversión necesaria en no menos de 1.100 millones de pesetas. Y con esa evaluación técnica se suspendió el permiso», explicaron.

A este varapalo judicial se suma otro del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por haber bloqueado una concesión minera a Hanson por considerar sospechosa la autorización. En el fallo se estimó que la DGA había incurrido en un «fraude procesal». Además, fue condenada a indemnizar con un millón de euros por las reservas de una explotación de la misma multinacional en Plaza, que consideraba agotada. En este último caso, la causa está pendiente del Supremo.