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Los alcaldes de Berbegal y Peralta han lanzado la convocatoria de la manifestación pero un buen número de ayuntamientos afectados por el litigio de las 112 piezas no solo se suman a la protesta sino que tampoco descartan participar en su organización. Para ello, la comisión de alcaldes para exigir la devolución de los bienes se reunirá a mediados de mes para acordar las medidas a tomar.
El alcalde de Tamarite de Litera, Francisco Mateo, es el portavoz de este grupo en el que también están los de Graus, Isábena y Zaidín. Son unos pocos que representan a muchos más municipios de la zona oriental de Aragón que tienen piezas retenidas en Lérida como Monzón, Barbastro, Fraga, Foradada, Valle de Lierp, Valle de Bardají, Tolva, Torrente de Cinca, Baells, Lascuarre, Bonansa, Castigaleu, Montanuy, Arén, Azanuy, Castillonroy, Capella, Torre La Ribera o Santaliestra. "La comisión decidirá las acciones a tomar, porque nos ha pillado por sorpresa. Ahora lo tenemos que analizar, pero pensamos que puede salir bien. La intención es apoyar el acto", aseguró Mateo. Algunos alcaldes se han manifestado a favor mientras otros esperan los acuerdos de la comisión o de su propio partido.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Huesca y alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, resaltó ayer que "todas aquellas iniciativas que supongan exigir el retorno inmediato y efectivo de los bienes tendrán nuestro apoyo. Es conocido mi respaldo y disposición para colaborar y poner punto y final a este litigio, pero siempre en común acuerdo con los obispados del Alto Aragón". Cosculluela estima que la demanda de las parroquias es "justa" y "se ha formulado y tramitado siempre con total respeto a los procedimientos establecidos".
Llevo años siguiendo este asunto. Cada vez me sorprende más las posiciones tan extremas que estamos teniendo. ¿Cómo es posible comparar los papeles de Salamanca, producto de un expolio, botín de guerra, con los bienes religiosos?, sólo se puede hacer desde la ignorancia o la mala fé. La propiedad de los bienes es legal, con respeto al cuerpo legal que nos hemos dado, el código civil.
El gobierno de Aragón debe explicar si ha recurrido o no la sentencia del juzgado que negó la ejecución de una sentencia de un país extranjero. Era recurrible. Si no se hizo, a los aragoneses se nos tiene que explicar la razón. Para exigir las graves responsabilidades que esa inacción supone la decisión definitiva de un asunto como este nunca termina en un juzgado, hay qeu ir a la audiencia y al Tribunal Supremo). También el obispo de Barbastro tiene que explicar por qué no pide la excomunión del arzobispo de Lérida por desobediencia a la Santa Sede, y la propia Santa Sede explicar a los fieles aragoneses qué va a hacer para que se cumpla su resolución. Al gobierno de la nación hay que preguntarle todos los días por qué discrimina a Aragón y actua de forma opuesta a como lo hizo con los papeles de Salamanca. Por fin, no estaría demás una constante campaña nacional explicando este asunto, la continua apropiación de la Historia de Aragón en beneficio de Cataluña y exigir a TVE que no hable de la Corona "catalano-aragonesa", inventada por los nacionalistas catalanes, sino de la Corona de Aragón que es lo correcto.
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