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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia continuará esta semana con la toma de declaraciones de los imputados en la presunta trama de corrupción urbanística de La Muela que todavía no han comparecido ante su titular. Este será el caso del subdirector provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carlos Martín Rafecas, y del secretario del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y asesor legal del de La Muela, Fernando Della-Casa Dulanto.

También están citados los empresarios zaragozanos Fernando L. R. y Modesto B. G., así como la policía local Naila U. U., que aprobó en febrero las oposiciones para incorporarse a la plantilla de Alagón, pero que todavía se encuentra en prácticas en la academia de Zaragoza haciendo un curso de tres meses.

Tanto a Carlos Martín como a Fernando Della-Casa se les imputa un presunto delito de tráfico de influencias. El primero ya declaró el pasado día 20 ante los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, quienes le interrogaron, según manifestó a la salida de Jefatura, sobre "temas técnicos" relacionados con su trabajo, que no concretó. El alto cargo, por cuyo departamento han pasado la mayoría de planeamientos de todos los municipios de Zaragoza, tuvo que explicar todo lo relativo a su trabajo profesional en La Muela. La Policía lo dejó en libertad con cargos, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera llamado, cosa que ocurrirá esta semana.

Por su parte, Fernando Della-Casa será la primera vez que comparezca por este caso. En la actualidad compatibiliza su puesto de secretario del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva con la profesión de abogado y, como tal, de asesor legal del Ayuntamiento de La Muela. También es coautor jurídico del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio.

En su trayectoria profesional, coincidió con Carlos Martín entre 1994 y 1998 en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de la DGA, y ambos cola-boraron en el dictamen sobre el anteproyecto de la Ley Urbanística de Aragón, en 1998.

A los otros dos empresarios citados, Fernando L. R. y Modesto B. G., se les atribuye un supuesto uso de información privilegiada. Ambos son socios en la empresa Hostelería Río Grío, que gestiona el zoológico de La Muela y que se adjudicó la segunda fase del aviario con un presupuesto superior a los 1,3 millones de euros.

Mientras, Neila U. U. tendrá que declarar como imputada por un presunto delito de prevaricación. Esta persona trabajó durante un tiempo en la localidad muelana en funciones de seguridad, según fuentes cercanas al caso.

Con esta ronda de declaraciones el juez Alfredo Lajusticia habrá terminado con el interrogatorio de los 26 imputados en la presunta trama de corrupción. No obstante, el secreto de las actuaciones continúa y, por lo tanto, eso quiere decir que las investigaciones de la Operación Molinos siguen abiertas y que no se puede descartar que puedan resultar investigadas y citadas más personas. Todo dependerá de las declaraciones de los citados y los nuevos elementos que surjan en sus interrogatorios, así como de las indagaciones policiales.

A lo largo de esta semana, es probable que las defensas soliciten el levantamiento del secreto del sumario para conocer las imputaciones concretas de sus clientes, como anunció Enrique Trebolle. También, en el caso de la alcaldesa María Victoria Pinilla y del concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, ambos en prisión preventiva, su letrado, Javier Notivoli, pedirá la libertad provisional.