Últimas noticias de Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel del periódico digital Heraldo.es

La Asociación de Familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en Turquía ha mostrado su disposición a seguir luchando para que se sepa toda la verdad respecto a la responsabilidad de los seis altos cargos militares que debían supervisar y controlar la seguridad del vuelo.

Así lo ha manifestado el presidente de la Asociación de Familiares, Miguel Ángel Sencianes, después de conocer que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha archivado la causa en la que investigaba las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía) y que costó la vida a 62 militares españoles.

Sencianes se ha mostrado "triste" con esta noticia, a su juicio "una injusticia" que "no nos cabe en la cabeza" teniendo en cuenta las condiciones en las que viajaban los militares, quienes llegaron a manifestar en repetidas ocasiones a sus familias que les daba miedo volar.

"Me deja helado, con rabia", ha dicho, sobre todo después de que hace pocas semanas, concretamente el 13 de enero, la Fiscalía decidiera enjuiciar por imprudencia grave a quienes contrataron el Yak-42.

El fiscal Fernando Burgos, en un escrito remitido al juez Grande-Marlaska, afirmaba que la actuación de los militares que contrataron el Yak-42 podía calificarse como imprudente "al estimarse la concurrencia de indicios que definen la culpa o imprudencia grave generadora de responsabilidad penal en relación con las 62 muertes producidas".

Según Sencianes, quien que perdió a un hermano en el accidente, está claro -"y así lo entendió el fiscal"- que de estos altos cargos dependía la seguridad del vuelo.

Por ello, ha remarcado que los familiares van a apelar y a seguir luchando para que se sepa la verdad, porque "lo único" que piden es "que se celebre un juicio", ha insistido.

En su opinión, el juez Grande-Marlaska "está mirando hacia otro lado", al igual que lo hicieron aquellos militares y no es la primera vez que el magistrado "nos cierra los casos" y al final "tenemos sentencia firme" a favor, ha recordado.

"Mi hermano ya me dijo que hasta que no se estrellara un avión no iban a parar, y se cumplió, pero él pagó con su vida", ha relatado el presidente de la Asociación, quien se ha preguntado "cómo no va a haber justicia en España" para que este caso se enjuicie.

Los familiares llevan nueve años trabajando "por la memoria de los nuestros, por la reparación, por la justicia y por la verdad", ha manifestado.

Los militares imputados eran el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en el momento del accidente, Antonio Moreno Barberá; el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta Manella, y el jefe de la división de operaciones del EMACON, José Antonio Martínez.

Los otros dos imputados son los también miembros del EMACON Joaquín Yáñez y Alfonso Elías, así como el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN NAMSA.