ESTUDIO DE METROSCOPIA

Los aragoneses le ponen una nota de 3,2 a la Administración de Justicia

El 90% de la población aragonesa coincide en que es necesaria una reforma urgente en la Justicia española. El 84% piensa que es lenta y el 42% que está anticuada. Así se desprende del IV Barómetro Externo de Opinión del Consejo General de la Abogacía Española.

Imagen de archivo de un juicio por estafa
Los aragoneses le ponen una nota de 3,2 a la Administración de Justicia
EFE

La Administración de Justicia española no atraviesa su mejor estado de forma. O al menos eso piensan los aragoneses, quienes otorgan un exiguo 3,2 a los órganos judiciales del Estado. Se trata de una calificación por debajo de la otorgada por el conjunto de la nación, que ha puntuado con un 3,5 al entramado de juzgados y tribunales españoles. Este es sólo uno de los reveladores datos recogidos en el IV Barómetro Externo de Opinión que, cada tres años, encarga el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a la empresa de estudios de opinión Metroscopia.


Las conclusiones que se extraen de la publicación son definitivamente negativas: el 84% de los aragoneses consultados consideran que la Administración de Justicia es "tan lenta" que, siempre que se pueda, vale más "evitar acudir a ella" y el 42% que su imagen está "más bien anticuada". La práctica totalidad -nueve de cada diez- piensan que, tal y como están ahora las cosas, la Justicia española necesita "una reforma profunda y urgente".


La percepción empeora


El intento por proyectar una imagen de modernización, por parte de las instituciones jurídicas, parece no haber calado entre la ciudadanía. De este modo, entre los consultados en la Comunidad Autónoma aragonesa, el 27% afirma que, en comparación con hace tres o cuatro años, la Justicia funciona peor. El 51% considera que desempeña su trabajo "más o menos igual" (56% ) y sólo el 10% tiene una visión optimista de la evolución de los mecanismos legales españoles.


A nivel nacional, son mayoría absoluta (54%) los españoles que creen que la situación del Estado de derecho es, en España, peor que en los países más avanzados. Hace tres años sólo daba esta respuesta un 30%. Desde el CGAE achacan esta notable erosión a la coyuntura económica: "Uno de los efectos colaterales de la profunda crisis de nuestra economía es haber dañado severamente la sensación que tienen los españoles de estar viviendo en un Estado de Derecho de la máxima calidad", explican.


Otro amplio porcentaje de la población española opina que los jueces están "fuera de onda", alejados de los problemas reales de la sociedad, y que sus sentencias se convierten en "papel mojado" ya que "no se cumplen o se cumplen tarde y mal".


Calabazas para todos


La percepción que los aragoneses tienen de los principales grupos sociales e instituciones es, en general, muy negativa. Ocupando el vagón de cola, los peor parados son los políticos, que reciben una nota media de 2,4, seguidos de los partidos políticos (2,7) y los bancos (2,9). Una opinión que podría estar definida por la profunda crisis económica y la elevada tasa de paro. Algo por encima de ellos se encuentran los sindicatos (3,1) y el Gobierno (3,3), quienes también han recibido un duro revés a la hora de ser calificados. En el otro extremo están los científicos y los cuerpos de seguridad del Estado, que pueden presumir de unos holgados 7,6 y 6,7 respectivamente.


Dentro del mundo judicial, casi todo son suspensos: tribunales de Justicia (4,3), jueces (4,8) y notarios (4,9) se acercan al aprobado, algo que sólo consiguen los abogados, con un apurado 5,2. Unas calificaciones que, en líneas generales, coinciden con la media obtenida en todas las Comunidades.


"Hace falta un grandísimo pacto de Estado"


Para el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, el balance del barómetro arroja que "estamos en un momento extraordinario" para acometer "la gran reforma de la Justicia" a través de un pacto de Estado, más prolongado del suscrito en 2001.


"Hace falta un grandísimo pacto de Estado que empiece por que el Ministerio de Justicia se llame Ministerio de relaciones con la Administración de Justicia, por que el Consejo General del Poder Judicial sea Consejo General de Magistratura y que las comunidades autónomas aclaren sus competencias para no liar a la ciudadanía", añade el jurista en este sentido.