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Una serie de ingresos sospechosos en varias cuentas bancarias de las que era titular José Carlos Fernández Delgado fueron los que parece que permitieron a la Policía vincular al empresario madrileño con la trama de La Muela. Los investigadores comprobaron que la suma de esas cantidades coincidía con una cifra que se mencionaba en las grabaciones telefónicas, y que pudiera ser el pago por una intermediación. De hecho, presuntamente, el imputado se había encargado de comprar y vender unos terrenos que posteriormente fueron recalificados.

El empresario José Carlos Fernández, de 39 años, es administrador de la empresa constructora madrileña Brocover, promotora de un complejo residencial en La Muela de unas 800 viviendas. El fiscal lo considera supuesto responsable de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho, es decir, solicitar o recibir dinero para cometer una acción u omisión constitutiva de delito.

Según ha podido saber este periódico, los movimientos en las cuentas del imputado tenían difícil justificación. Además, el montante era exacto al que José Carlos Fernández Delgado había pactado con una tercera persona en una conversación telefónica, que fue recogida por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales. Aunque las diligencias continúan secretas, parece que esta pudo ser la dinámica que permitió obtener beneficio de varias operaciones urbanísticas a algunos de los implicados en la operación Molinos.

José Carlos Delgado, es actualmente el presidente de Asempro, una asociación de empresarios del norte de Madrid ubicada en San Sebastián de los Reyes, que se dedica a la promoción del comercio minorista.

La organización de la que es presidente mantenía desde entonces relación con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y otros Consistorios de la zona norte de la región, con el fin de organizar ferias y actividades dedicadas a la formación y creación de empresas.

El portavoz de Izquierda Independiente y ex concejal de Urbanismo de San Sebastián de los Reyes, Rubén Holguera, manifestó ayer a Efe su sorpresa por la detención de Fernández Delgado, ya que "ninguno de sus pequeños negocios en el municipio ni su relación con la Concejalía de Urbanismo despertaron alguna vez indicios de una intención de comportamiento al margen de la ley".

Sobornos y comisiones

Por su parte, la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, ha pasado ya su segunda noche en la cárcel de Zuera, por nueve presuntos delitos relacionados con corrupción urbanística, entre ellos pago de sobornos y cobro de comisiones. Junto a ella, se encuentran en prisión el concejal del PAR en el ayuntamiento de la localidad, Juan Carlos Rodrigo Vela, y el empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado.

Los tres son los únicos de los 19 detenidos en la Operación Molinos que el juez ha considerado que han podido cometer delitos de gravedad para enviarlos a la cárcel, ya que a un cuarto, Julián de Miguel, decidió imponerle en la madrugada de ayer una fianza de 120.000 euros que le ha permitido eludir la prisión.

Durante los interrogatorios de los implicados, todos pudieron escuchar las grabaciones que durante gran parte del año pasado hizo la Policía, por orden judicial, de sus conversaciones telefónicas y en las que se ha quedado reflejado las relaciones profesionales y laborales entre los distintos implicados, alguna de ellas de carácter delictivo.

Entre los imputados están Domingo Fernández Delgado y José Fernández, hermano y padre del empresario en prisión, quienes fueron puestos en libertad con cargos tras su detención en Madrid y Murcia, y están a la espera de citación para declarar.

Fianza de 120.000 euros

El que ha podido evitar la prisión ha sido el presidente de Aranade, Julián de Miguel, quien presentó en la madrugada del lunes avalares bancarios por valor de 120.000 euros. Según explicó a la salida de los Juzgados de La Almunia su abogado, Enrique Trebolle, el fiscal había solicitado para su cliente prisión incondicional por los cargos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales y de información privilegiada.

Sin embargo, el penalista zaragozano logró convencer al juez instructor de que no había riesgo de fuga y tampoco de destrucción de pruebas, puesto que los investigadores ya habían registrado tanto el domicilio de De Miguel, en Zaragoza, como la sede de Aranade, en el polígono Centrovía. "Estamos muy satisfechos con la decisión del juez", declaraba Trebolle. "Entendemos que ha sido justa y acertada", añadía el abogado, reconociendo que la fianza era "asequible" para un empresario que factura 25 millones de euros y tiene 80 empleados. En cualquier caso, el imputado deberá presentarse cada lunes en el juzgado.