La Policía cree que 30 empresas tuvieron trato de favor de funcionarios de Minas

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional sospecha que los funcionarios de la DGA implicados en la Operación Minas dieron un trato de favor a una treintena de empresas entre los años 2000 y 2010. Entre estas se incluirían algunas de las grandes constructoras del país, como Vías y Construcciones (grupo ACS), Dragados o Comsa, y también relevantes firmas aragonesas, como Mariano López Navarro y Construcciones y Desmontes Marco. La lista de posibles beneficiados se completaría con más de una veintena de canteras y explotaciones de áridos de la Comunidad.

El informe que el departamento de Industria hizo llegar a la Fiscalía ha servido para destapar las supuestas irregularidades, que después se ha encargado de investigar la Policía. Sin embargo, lo que no han conseguido precisar los funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales es la forma en que se pagaron los supuestos favores. Porque si bien sospechan que pudo haber comisiones o dádivas, hasta ahora, no existen pruebas objetivas de las mismas.

Aunque la relación de constructoras y canteras que recibieron un presunto trato de favor es importante, tan solo cuatro empresarios han declarado de momento en sede policial. Y lo han hecho porque, en su caso, Blanqueo de Capitales sí ha identificado vínculos directos con la familia del ex director del servicio provincial de Industria en Zaragoza, José Javier Hualde García, cesado el pasado 9 de marzo cuando la Policía hizo públicas las 13 imputaciones de la Operación Minas.

A la hora de describir los posibles favores por parte de los funcionarios implicados, los investigadores hablan de denuncias del Seprona que no se controlaban y de un sinfín de trámites administrativos que se pasaban por alto. Gracias a hasta permisibilidad, los dueños de las minas lograban extraer material incumpliendo numerosos preceptos relacionados con las normativa de Minas y Medio Ambiente.

Se han detectado posibles autorizaciones irregulares en el aprovechamiento de los excedentes de obras de varias carreteras comarcales, e incluso se ha investigado una extracción de recursos en el complejo ferroviario de Plaza. El juez instructor tendrá que continuar las diligencias para confirmar si existió o no delito.