El rosario de delitos que la Policía, en un principio, y luego el juez atribuyen a la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, está profusamente documentado en la investigación que el Grupo de Blanqueo de Capitales investigó durante catorce meses. La primera edil, que ya lleva casi un mes en la cárcel de Zuera, está imputada por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la concesión de las subvenciones, malversación de caudales públicos, y exacciones ilegales y blanqueo de capitales.

Los agentes centraron su atención en unas operaciones urbanísticas muy concretas, como son la venta de suelos de Urcamusa Norte (urbanización del Alto de La Muela) de propiedad municipal por parte de la Sociedad Urbanística a un bajo precio; todo lo relativo al Plan Parcial del Sector Residencial 1 (SR1) y las operaciones efectuadas por la empresa Sagain, incluida la 6ª fase del Polígono de Centrovía.

Para los investigadores, la alcaldesa, como presidenta del consejo de Administración de la Sociedad Urbanística de La Muela, cometió una presunta prevaricación al incumplir la normativa en cuanto al uso que debía darse al suelo de Urcamusa, el cual se vendió, además, a bajo precio.

Donde más hincapié hacen los policías es en el Plan Parcial del SR1, en el que tanto la alcaldesa, como su marido, Juan Antonio Embarba y el hijo de ambos, Víctor, han tenido una participación evidente. De las investigaciones se desprende que los compradores contaron con información privilegiada y que se han producido posibles cobros de comisiones por parte de María Victoria Pinilla. Unos serían como supuesto pago tanto por la información relativa a la futura recalificación de los terrenos comprados por Brocover Proyectos Inmobiliarios, como por los "esfuerzos" que tenía que realizar para conseguir esa recalificación. Sin ese cambio, no tendría razón de ser la inversión hecha por José Carlos Fernández Delgado -en prisión como ella- y los socios de Brocover, que ascendió a 13,7 millones de euros en 2005.

Precisamente fue el retraso en la recalificación de los terrenos lo que puso muy nervioso a Juan Carlos Fernández Delgado, el cual estuvo a punto de "montar un escándalo" en el que "iba a caer hasta el apuntador" puesto que se veía en la ruina. Pero parece que lo que frenó esa decisión fue la presunta entrega de 250.000 euros en dinero negro por parte de María Victoria Pinilla a Fernández para sacarle momentáneamente de la asfixia económica, algo que ante el juez negaron los dos.

Compra y venta sospechosa

Según las escrituras públicas, la familia Pinilla hizo un negocio redondo con los terrenos que luego adquirió Brocover, pues en marzo de 2004 su marido y ella compraron 216 participaciones cada uno de la empresa Tudela Inmobiliaria de Gestión a los hijos de Julián de Miguel, presidente de Aranade, empresa gestora de la Sociedad Urbanística de La Muela y que está en libertad con fianza de 120.000 euros.

Este cambio de titularidad, puesto que las adquisiciones de participaciones por el matrimonio representaban un 48% del total de la empresa, coincidió en el tiempo con la compra de la finca rústica en la partida del Pozo del Ahogado, de 19.125 metros cuadrados, que Tudela Inmobiliaria de Gestión y Carmelo Aured, primo de la alcaldesa y también imputado, adquirieron a un particular por casi 700.000 euros. Esta finca la adquirió luego Brocover.

Un año y medio después de que el matrimonio comprara las 432 participaciones, las volvió a vender a sus anteriores propietarios de Tudela Inmobiliaria. La Policía cree que el objetivo de Pinilla y su marido al perder su condición de socios era evitar que documentalmente se les pudiera relacionar con esa empresa y con la operación urbanística que se estaba empezando a gestar con Brocover.

Con lo que no contó Victoria Pinilla y su marido es que su propio hijo Víctor le contase a María Jesús V., intermediaria también imputada y madre del escolta del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, que el terreno que Julián de Miguel iba a vender a Brocover, es decir, a Juan Carlos Fernández, era también propiedad de sus padres. Esto llegó a oídos de Fernández y que este luego lo utilizó para presionar a la alcaldesa.

Para los agentes, tal fue la implicación de Pinilla en esta operación que cuando el proceso estaba en su fase más dura, Fernández llegó a amenazarla con desvelarlo públicamente. A su juicio, este fue el motivo por el que la alcaldes, decidió colaborar económicamente con el empresario madrileño y le entregó supuestamente 250.000 euros para que se tranquilizara.

Conversaciones con políticos

Durante unos movidos meses de 2008, la alcaldesa mantuvo numerosas conversaciones en relación con la polémica tramitación para aprobar el plan parcial del SR1 con los máximos dirigentes políticos e institucionales de la coalición PSOE-PAR, tanto en el Gobierno aragonés como en la Diputación de Zaragoza. Su objetivo era que apoyaran la decisión de la comisión de urbanismo para sacar adelante el plan. Este se aprobó a finales de 2008, con modificaciones.

La alcaldesa, en su declaración ante el juez, justifica las llamadas como una gestión normal que hacen todos los alcaldes para conseguir los proyectos para los pueblos y explica que es habitual que entre políticos solicitar que determinados trámites se agilicen.

Pinilla también recurrió a otro de los imputados, el empresario vasco Francisco Altuna, del grupo Sagain, para que hablase del plan parcial de circunvalación con los políticos que conoce. Sagain es propietaria de los suelos donde se prevé ampliar el polígono industrial Centrovía. Esta empresa obtuvo plusvalías muy importantes en un periodo de tiempo muy corto lo que, a juicio de los investigadores, evidencian que la Sociedad Urbanística vendió parcelas a precios inferiores a mercado, con lo que perjudicó al Ayuntamiento. Un ejemplo, en noviembre de 2004 Sagain compró a la sociedad 11.666 metros cuadrados de suelo a 150 euros el metro. Dos meses después vendió la mitad a Promociones inmobiliarias Lanuza a 826 euros y, el resto, a 360. Es decir, ganó más de cinco millones de euros en dos meses y cuatro días.