Con el agua al cuello. Así afirman sentirse los mineros y trabajadores de las centrales térmicas de Teruel -alrededor de un millar- ante la crisis que padece el sector. No es la primera, pero aseguran que es la más grave de cuantas han conocido o de las que han tenido noticias desde que la extracción del carbón comenzara a ser una actividad próspera a principios del siglo pasado.

En el origen del problema, varios factores. Uno de ellos, la entrada en juego de las energías renovables, consideradas más baratas y menos contaminantes -parques eólicos, centrales hidráulicas y solares-, pero también la reducción de la demanda de electricidad en los dos últimos años debido, en parte, a la crisis económica.

Como explicó una fuente del sector, las renovables han echado al carbón del mix o combinado de tecnologías que a diario se ponen en marcha por orden de Red Eléctrica de España -el operador estatal- para cubrir la demanda del país. Las centrales termoeléctricas que lo consumen sólo entran en funcionamiento cuando las condiciones climáticas o de otro tipo impiden al resto producir energía. Este año, lluvioso y ventoso, ha sido terrible para el carbón. Las térmicas han estado paralizadas y las minas, casi.

"Nos vamos al garete y esto es muy triste. Nosotros y nuestras familias tenemos que comer", protestaba ayer un trabajador de la mina de interior de la empresa Samca en Ariño, José Carlos Clavero. Sus compañeros, todavía tiznados por el carbón y con gesto serio, asentían a la entrada de la explotación poco antes de acabar su turno.

Una tabla de salvación

Los trabajadores y la población que hay tras ellos se agarran como a una tabla de salvación al real decreto de ayudas al carbón que aprobó a principios de año el Gobierno central. La normativa prima el consumo de carbón nacional mediante subvenciones al sector y, sobre todo, haciendo obligatoria la participación de las térmicas en el mix de generación de energía con una cuota de un 15%.

Pero no llegan buenas noticias. La Unión Europea, que debe dar el visto bueno al decreto, no tiene prisa en rubricar la propuesta española. Ya debió pronunciarse antes del verano y no lo hizo. Podría decidirse a mitad de este mes, pero no hay compromiso. Mientras, trabajadores, empresarios, agentes sociales y población en general, se desesperan. El parón empieza a notarse no solo en la minería sino también, de forma encadenada, en el sector servicios.

La queja es unánime. Mañana comienza en Ariño un encierro de protesta indefinido y los políticos muestran su apoyo a un sector que genera mucho empleo. El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, dijo ayer que la DGA hará todo lo posible para que las cuencas mineras sigan vivas y el PP ya ha manifestado su apoyo a las movilizaciones. CHA y CC. OO. piden que las ayudas al sector se mantengan.

Nadie quiere oír hablar de contaminación. "Los parques eólicos y los solares también tienen su afección y, en cuanto al CO2, el transporte es el sector que más emisiones produce", sostiene el alcalde de Ariño, Joaquín Noé.

La población conoce bien las consecuencias de la fama contaminante que rodea al lignito de Teruel. Su mayor contenido en azufre, entre 12 y 14 veces más que las hullas de importación, sirvió a la vecina provincia de Castellón para atribuir a la térmica de Andorra, en los años 90, el mal estado de los bosques. El Gobierno compensó económicamente a los pueblos y Endesa destinó 30.000 millones de pesetas a desulfurar las emisiones de gas.