La justicia sobre el general

El general médico Vicente Navarro no fue infalible y, al final, se hizo Justicia. Tampoco se equivocó ni los culpables fueron los turcos, sino que cometió un delito y ha sido condenado a tres años de cárcel. El responsable del equipo médico español enviado el 26 de mayo de 2003 por el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, falsificó los documentos de 30 militares de los 62 que fallecieron en el accidente de Trabzon (Turquía) al entregar los cadáveres a sus familias.


La Asociación de Familias de Víctimas del Yak ha conseguido un hito: descubrió una gran mentira del Gobierno del PP a finales de febrero, que publicó HERALDO el 2 de marzo de 2004, y a los seis años, después de una batalla judicial ímproba con tres archivos sumariales, el general cumplirá la pena en la prisión militar de Alcalá de Henares. Esta condena se cumple, si bien, ante el previsible recurso que interpondrá la defensa ante el Tribunal Supremo, habrá que esperar esa sentencia.


La sentencia de la Audiencia Nacional hace historia porque es el primer general de división condenado en el ejercicio de este rango (hace nueve años el general de la Guardia Civil Enrique Galindo fue condenado por el caso Lasa-Zabala aunque los delitos se cometieron cuando era coronel). La falsedad documental es dolosa, no por imprudencia, sino que se cometió a conciencia, aunque se rebaja un grado la pena solicitada por el fiscal y las acusaciones particulares.

 

Los forenses turcos hicieron su trabajo identificando a 32 fallecidos y tomando pruebas de ADN que sirvieron de algodón para descubrir la chapuza. Mientras tanto que el equipo médico español, que se hizo cargo a los cadáveres a las 2.30 horas del 28 de mayo de 2003, no reconoció a ninguno.


Menos mal que el juez Javier Gómez Bermúdez asumió la declaración de los dos forenses turcos que viajaron a Madrid para escuchar la verdad de este caso que se escondía en Turquía y en el acta de identificación turca, firmada por el general Navarro, en la que se responsabilizaba de identificar a 30 muertos y entregarlos a sus familiares.

 

La sentencia precisa que entre el general Navarro, como autor, y el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez (como coautores) falsearon los certificados de defunción y los informes de necropsia de los 30 militares no identificados. No consideran un una falsedad continuada sino en un acto único y condena a tres años a Navarro, y un año y medio a los dos oficiales.


Como dijo el fiscal Fernando Burgos, el general Navarro “se inventó” 30 identificaciones. Cinco de esos fallecidos no identificados llevaban anillos de boda que ni siquiera se examinaron para reconocerlos.