El Tribunal de Cuentas ha «suspendido» temporalmente el proceso para esclarecer la posible irregularidad contable del Ayuntamiento de Zaragoza en los proyectos complementarios a la Expo. La decisión no se debe a falta de pruebas, sino a la renuncia de la persona asignada para dirigir las diligencias, la consejera Ana Pérez Tórtola. Esta magistrada en excedencia -que formó parte del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE cuando Juan Alberto Belloch era ministro y que posteriormente fue propuesta para el Tribunal de Cuentas- ha enviado un escrito reconociendo que podría incurrir en el supuesto de «amistad íntima» con la persona a la que se ha dirigido «una acción pública de exigencia de responsabilidad contable». Es decir, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch.

La carta de la consejera del Tribunal de Cuentas, firmada más de tres meses después de que se le asignase la responsabilidad sobre las diligencias previas que debían aclarar si hubo un uso irregular de fondos públicos en la gestión municipal de pagos vinculados a la celebración del 2008, ha supuesto casi automáticamente la paralización del proceso. El Tribunal dictó el pasado 1 de junio un decreto en el que se indica que se mantendrá la suspensión hasta que se nombre a un nuevo responsable del caso.

Se da la circunstancia de que ese decreto está firmado el mismo día que un abogado madrileño se personó en la sede del Tribunal de Cuentas en nombre de Belloch y del Ayuntamiento y solicitó una serie de documentos del expediente. La carta de la consejera está registrada también ese mismo 1 de junio. Según explica en la misiva, mantiene con el implicado «una amistad antigua de entidad que estima jurídicamente relevante».

La abstención se produjo 15 días después de que el Tribunal de Cuentas admitiese la petición del PP de personarse en la causa y ejercer la acción popular contra Belloch, a la vista de que, según la Fiscalía, se podrían haber cometido irregularidades contables en las cuentas municipales.

La Fiscalía rebaja el daño posible

El proceso se inició a finales de 2010, cuando el plenario del Tribunal de Cuentas aprobó un informe en el que se denunciaban múltiples irregularidades en pagos municipales relacionados con la Expo. Ese informe se elevó a la Fiscalía, que posteriormente encontró indicios de responsabilidad contable por alcance. En un primer informe valoró el daño en más de 18 millones.

Pérez Tórtola asumió la responsabilidad de la tramitación el pasado mes de febrero. Le tocó por turno de reparto y empezó a instruir las diligencias preliminares con el número de sumario 37/11.

Dentro del periodo en el que asumió la dirección del caso, se incorporó a las diligencias un segundo informe de la Fiscalía, en el que se rebaja considerablemente el posible uso irregular de fondos, a una cifra menor a un millón de euros. Entre las actuaciones en las que la Fiscalía sigue encontrando irregularidades están las obras en el club náutico, el balcón de San Lázaro, el parque del agua y el pabellón digital. La Fiscalía, aunque atiende en parte las alegaciones hechas por el Ayuntamiento, sigue manteniendo la petición de que se nombre un delegado instructor para que profundice la investigación.

La diferencia entre el primer informe, donde se detecta más de 18 millones de uso irregular, y el segundo está sobre todo en que, en éste último, la Fiscalía da por buena la explicación del Ayuntamiento de que era legal el pago de muchas facturas que se tramitaron sin contrato.