El Tribunal de Cuentas ve posibles "infracciones penales" en 26 contratos de la DGA

El Gobierno de Aragón incurrió en presuntas "irregularidades penales" en al menos 26 contratos que adjudicó durante los ejercicios 2004 y 2005, según ha detectado la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que depende directamente de la Fiscalía General del Estado. Además, también ha encontrado posibles ilegalidades "contables" de las que podrían derivarse diferentes responsabilidades.

Las presuntas irregularidades penales afectan a siete departamentos del Ejecutivo PSOE-PAR. En total, está en cuestión la correcta adjudicación de contratos por valor de 479 millones de euros promovidos durante 2004 y 2005, que son los últimos años sometidos hasta ahora a informe del Tribunal de Cuentas.

Según anunció ayer el presidente del citado órgano, Manuel Núñez, la Fiscalía -tras estudiar el informe aprobado por el pleno del tribunal- ha solicitado "testimonio de diferentes particulares relacionados con contratos" adjudicados por la DGA para poder instar a "la posible exigencia de responsabilidad penal en la jurisdicción pertinente". Es la primera vez que se tiene constancia de que un informe del Tribunal sobre Aragón sirve para que se abran diligencias que afecten a numerosos contratos (26 de los 64 analizados) ante posibles delitos de carácter penal. Núñez resaltó que no podía avanzar más sobre las posibles infracciones penales una vez que el proceso está aún en diligencias previas. A partir de ahora, toca que la Fiscalía efectivamente llame a declarar a las personas implicadas y decida si eleva cada uno de los casos detectados al tribunal correspondiente o lo archiva. Fuentes del tribunal ya indicaron que estas actuaciones llevarán su tiempo.

De acuerdo con las actuaciones emprendidas por la Fiscalía, Salud, donde ya estaba de consejera María Luisa Noeno, es el departamento con más adjudicaciones en las que algún cargo podría haber incurrido en delito, con nueve contratos en cuestión. Le sigue Medio Ambiente (Alfredo Boné), con seis. Presidencia (José Ángel Biel) tiene cuatro; Educación (Eva Almunia), tres; Industria (Arturo Aliaga) tiene dos contratos bajo investigación y Economía (Alberto Larraz) y Servicios Sociales (Ana de Salas) uno cada uno.

Núñez hizo una primera intervención contundente en la comisión del Tribunal de Cuentas que se celebró ayer en el Senado. Sus afirmaciones fueron lo suficientemente tajantes como para que el portavoz del PSOE, Angel Lacueva, no cuestionase ninguna de ellas, diese por bueno el informe y asegurase que "son errores corregibles y muchos de ellos ya están corregidos". Entre otras correcciones que se habrían incorporado en años posteriores, destacó el sistema de gestión contable 'SerpA'.

777 millones en subvenciones

Entre las cuestiones que hizo mención el presidente del Tribunal, destacaron sus referencias a "las debilidades existentes en el control interno de la DGA" y también a que el Ejecutivo autonómico aún no ha sido capaz de promover "una base de datos de subvenciones otorgadas y recibidas". Fue destacable que el Tribunal de Cuentas no haya podido determinar cuánta gente cobra de la DGA, aludiendo al oscurantismo del sector público empresarial en Aragón.

Entre los datos más llamativos que ofreció, destacan los 777 millones de euros que -según el Tribunal- la DGA repartió en subvenciones a empresas y asociaciones durante un solo año, 2005. Si la cifra del dinero que repartieron los consejeros del Ejecutivo PSOE-PAR en muchos casos discrecionalmente ya es llamativa, más si se observa "que determinadas subvenciones se otorgaron sin convocatoria específica, de forma directa, sin que se hubiera justificado por qué no se sometían a los habituales procedimiento de concurrencia".

Pero las llamadas de atención del presidente llegaron de muchos más ámbitos. Denunció irregularidades en modificaciones de crédito, cuestionó la afirmación de la Consejería de Economía y Hacienda de que en esos ejercicios se lograse la "estabilidad presupuestaria", una vez que no se tuvo en cuenta a algunas unidades de gasto. También hubo duras referencias a la contratación. "No se valoraron adecuadamente las bajas económicas ofertadas", "en algunos casos los criterios de adjudicación estaban insuficientemente precisados", afirmó durante su intervención. Y siguió desgranando irregularidades en organismos autónomos, entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios.

El portavoz aragonés del PP en la comisión, el senador y ahora alcalde de Teruel, Manuel Blasco, planteó también una notable enumeración de irregularidades. Hizo referencia por ejemplo a cómo el CITA, según el propio Tribunal, "otorgó subvenciones sin tener permiso para ello", aludió a actuaciones ajenas a la normativa detectadas en el Servicio Aragonés de Salud y en otros muchos organismos. Lamentó que se haya implicado en estas presuntas irregularidades a centros de día, depuradoras, carreteras, etc. "Hay un descontrol evidente, multiplicidad de entes de la DGA sin justificación", criticó.

Blasco lamentó además que Aragón sea "una Comunidad mal gestionada" tras recalcar que el responsable de entonces es el actual número 3 del PSOE y que hay contratos investigados que afectan directamente a la candidata de ese partido a la DGA, en referencia a Marcelino Iglesias y Eva Almunia.