Madrid/Zaragoza. El Gobierno de Aragón pagó a empresas a las que había adjudicado obras y diferentes actuaciones hasta el 20 por ciento más del dinero por el que se aprobó el contrato sin justificar adecuadamente el alza, según investiga la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, dependiente del Fiscal General del Estado. Entre los contratos en los que se ha detectado esta posible irregularidad, está por ejemplo uno que afecta a una carretera entre Poleniño y Sariñena, donde se produjo un pago del 19% más de lo aprobado legalmente sin que hubiera una justificación adecuada para ello. La Fiscalía también analiza esta misma irregularidad en la potabilizadora de Monzón o por ejemplo en las obras de reforma del hospital Obispo Polanco y el centro de salud de Ejea de los Caballeros, donde se habría pagado un 20% y un 7% de más, respectivamente.

En total, la Fiscalía ha apreciado posibles delitos contables en la gestión analizada de la DGA de 2004 y 2005 en un total de 20 actuaciones. Entre ellas, la gestión del Consorcio Hospitalario de Jaca, que acumula múltiples irregularidades, desde serias dudas legales sobre la disposición del gasto corriente hasta el pago a algunos trabajadores de más dinero del que permite el propio convenio colectivo. A estas presuntas irregularidades contables habría que sumar las ya publicadas ayer y que eran de entidad penal.

Y si en algunos casos lo que la Fiscalía investiga es haber pagado de más sin que se aprecie una correcta justificación, en otros es justo lo contrario. Primero el Tribunal de Cuentas y más tarde la Fiscalía, llaman la atención sobre el hecho de que la DGA perdonó a varias empresas el dinero que debían devolver al haber incumplido al menos parcialmente los contratos por los que habían cobrado.

Esto ocurre por ejemplo en cinco contratos firmados por el Instituto Aragonés de Agua, uno asumido por Industria y otro tramitado por el actual departamento de Política Territorial. Este último se refiere al centro de coordinación de emergencias 112, en el que la Fiscalía ha detectado que algún responsable decidió no penalizar a la adjudicataria como obliga la normativa pese a que hubo incumplimiento de contrato.

Cobrar más de lo que se puede

Aunque la mayoría de las presuntas irregularidades contables detectadas afectan a adjudicaciones, también se han encontrado irregularidades dentro de las empresas públicas y de diferentes organismos de la DGA con el diferente trato que da a algunos altos cargos. Por ejemplo, la Fiscalía está analizando por qué el gerente del Consorcio Hospitalario de Jaca decidió pagar más a determinado personal, pese a no ser aparentemente competente para ello. Además, se incluye el agravante de que a estas personas les aprobó sueldos que estaban fuera de convenio.

También se han encontrado presuntas irregularidades en los contratos de medicamentos (la Fiscalía ve actuaciones problemáticas por parte de la administración en la mayoría de estos suministros), la creatividad y el plan de medios de las campañas de la DGA de 2004 e incluso las contratas de limpieza de varios hospitales,

Todas estas supuestas irregularidades forman parte de las diligencias previas que ha abierto la Fiscalía del Tribunal de Cuentas tras el informe que aprobó este órgano sobre la contabilidad de la DGA en 2004 y 2005. Una vez que el pleno dio el visto bueno al informe, lo elevó como es preceptivo a la Fiscalía, para que analizase si encontraba alguna irregularidad digna de perseguir o bien penalmente o en lo contencioso. Hasta aquí, es la forma habitual de trabajar del Tribunal de Cuentas.

La novedad es que la Fiscalía sí detectó posibles irregularidades. Por ello informó al Tribunal de Cuentas de su decisión de abrir diligencias previas tanto por la existencia de "indicios de responsabilidad contable" como de sospechas ciertas de posibles "infracciones penales".

En el caso de las infracciones penales, no se dirigiría contra la DGA sino contra "personas particulares", que bien puede ser personal de la administración, altos cargos o los beneficiarios de las decisiones. El fiscal, al profundizar en esos indicios decidirá si archiva la causa o si lo eleva al tribunal competente. No ocurre lo mismo con las actuaciones irregulares contables que tengan responsabilidades administrativas. Ahí también hay que establecer si se continúa el proceso o se archiva, pero la diferencia es que sí se actúa contra la DGA y resuelve la propia sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Su decisión equivale a la de cualquier otro tribunal de lo contencioso y es recurrible.