La fijación de objetivos en la futura ley de empleo público divide a los partidos

La ley de Empleo Público que prepara la DGA, todavía en forma de borrador, ya ha recibido algunas críticas desde los partidos, que se muestran divididos a la hora de determinar las líneas fundamentales que ha de desarrollar la futura norma.

La novedad de que se contemple por vez primera de manera formal la evaluación del puesto de trabajo por objetivos, la confección de planes con ese mismo criterio e incluso que se creen complementos retributivos vinculados también a objetivos solo fue criticada de forma contundente por parte de IU. Su coordinador general en Aragón, Adolfo Barrena, destacó que la solución no pasa por aplicar criterios propios de la empresa privada en la gestión pública, sino por el control de la calidad y de la eficacia.

El texto publicado por el Gobierno PSOE-PAR, que ahora comienza un proceso abierto a la negociación, deja en el aire la definición de esos objetivos, una cuestión que parece perfilarse como el caballo de batalla de la futura ley. Fuentes de la Administración esperan conseguir el máximo consenso en una norma de gran alcance social y que se pretende que se mantenga en vigor durante un periodo largo de tiempo. Para la DGA, el concepto básico sobre el que pivota la ley es el de la evaluación del desempeño del puesto de trabajo.

"Intereses generales"

Desde el PP, el diputado Manuel Guedea, que enfatizó la necesidad de que haya una ley sobre la Función Pública, apuntó las dificultades que a su juicio tiene trasladar el factor de los objetivos de la empresa privada a la administración. "Los objetivos de la empresa privada son ganar dinero pero los de la Administración son los intereses generales", dijo, y el problema será fijarlos. El PP apoya el sistema de objetivos, pero planteó las dificultades de aplicación práctica de la valoración en la Función Pública, algo que, en cualquier caso, debería hacerse a través de un control que afecte "a todos por igual". Guedea señaló además otros puntos como la necesidad de incluir incentivos para motivar a los funcionarios o la correcta gestión de acceso a la función pública mediante convocatorias fijas.

Por parte de CHA, su portavoz Chesús Bernal, prefirió no entrar a valorar el texto de lo que solo es un borrador, aunque sí que recordó el compromiso por parte del consejero de Presidencia, Javier Velasco, y del director general de la Función Pública, Antonio Brun, de remitir a las Cortes un proyecto de ley en esta legislatura.

Adolfo Barrena, de Izquierda Unida, extendió sus críticas hacia el PSOE porque, a su juicio, "está cayendo en políticas de derecha", haciendo que los ciudadanos se conviertan de usuarios en consumidores. Barrena criticó también la "criminalización" del gasto en la función pública.

Por otro lado, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa denunció ayer que ha sido excluida del proceso de participación y consideró que desde la DGA se ha hecho un diagnóstico equivocado de la situación de la función pública. Esta asociación citó además como un mal precedente "la arbitrariedad y el incumplimiento de la ley" vigente hasta ahora.