La Diputación de Zaragoza limita el acceso a internet a funcionarios y grupos políticos

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha decidido limitar y controlar el acceso a internet desde sus ordenadores. La medida, que ya es efectiva, se ha justificado con el dato de que actualmente el 80% del ancho de banda del que dispone la institución se destina a usos lúdicos o personales, y afecta tanto a los funcionarios como al personal de los grupos políticos. Desde el pasado miércoles, unos y otros solo pueden acceder a unas páginas web determinadas, y para utilizar el resto tienen que pedir un permiso razonado a Presidencia.

La restricción ha generado un hondo malestar entre los empleados de la DPZ, y fue anunciada el pasado 24 de agosto mediante un escrito firmado por el vicepresidente segundo de la institución, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero.

El comunicado, remitido a los responsables de área de la Diputación para que lo difundan entre sus trabajadores, decía textualmente que "debido al uso que actualmente se está dando del acceso corporativo a internet, en el cual el 80% del ancho de banda es usado en accesos a páginas de entretenimiento, redes sociales, correos privados, prensa de carácter lúdico, etc., a partir del próximo 1 de septiembre dicho acceso a internet se limitará y únicamente estarán disponibles páginas web de carácter administrativo o institucional".

El texto también informaba de que, si los responsables de área consideran "necesario" el acceso "a otro tipo de páginas" por parte de sus trabajadores, tendrán que dirigir un escrito "a Presidencia" en el que indiquen qué empleados deberían disponer de acceso a ellas, la dirección web de los sitios en cuestión y "la justificación" de dicho acceso.

¿Control de los grupos?

Este último procedimiento supone que el área de Presidencia de la DPZ tendrá conocimiento y poder de decisión sobre qué tipo de páginas web desean visitar los distintos grupos políticos -incluido el de la oposición-. Esta capacidad de controlar resulta llamativa teniendo en cuenta la independencia con la que cada partido debe ejercer sus tareas.

Del comunicado también se desprende que la Diputación de Zaragoza vigila la navegación por internet de su personal, algo que la ley permite siempre que no atente contra los derechos de los trabajadores -en especial, el que protege la intimidad-.

En este sentido, el establecimiento de medidas de control e inspección de los medios informáticos y electrónicos debe estar motivado por la protección del patrimonio empresarial y de los propios trabajadores. Para justificarlo hay que atender a razones como la pérdida de rendimiento y de productividad, el coste de acceso a páginas web con contenido de pago, la existencia de virus o programas peligrosos, la fuga de información...

Para evitar problemas, los expertos recomiendan el establecimiento de unas normas escritas sobre la utilización de internet y del correo electrónico en el puesto de trabajo. Lo ideal es que esas reglas se pacten con los representantes del personal, que se comuniquen a todas las nuevas incorporaciones e incluso que se plasmen en una hoja de conformidad firmada por cada empleado -el control de internet implica un tratamiento de información de carácter personal, y por tanto puede estar sometido a la Ley de Protección de Datos-.

Antecedentes

La decisión de la Diputación de Zaragoza de restringir el uso de internet en sus ordenadores no es la primera de este tipo que toma una administración pública. En el año 2008, el Ministerio de Defensa limitó el acceso de la mayor parte de su personal militar y civil a páginas web deportivas y de ocio. Entonces el departamento que dirige Carme Chacón alegó que lo hacía para impedir la "saturación" de la red registrada en ocasiones en horario de trabajo. La prohibición afectó a portales como los diarios deportivos 'Marca' y 'As', la revista 'Interviú' o diversos portales de compras y de subastas como el sitio 'eBay'.

La Junta de Castilla-La Mancha también instaló filtros en los ordenadores de sus funcionarios para impedir el acceso a distintos servicios de internet, incluidos distintos medios de comunicación. La medida se justificó por razones de productividad.