POLÍTICA HÍDRICA

Castellón recurre el rechazo del Gobierno al trasvase del Ebro

El presidente provincial, Javier Moliner, subraya que Castellón mantendrá "viva la llama de la exigencia de los recursos hídricos" y ha mostrado su confianza de que el nuevo Ejecutivo sea "sensible" a su petición.

Río Ebro a su paso por Zaragoza
Crece el caudal del Ebro_2
E. LÁZARO

La Diputación de Castellón ha presentado un recurso a la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de negar el 'minitrasvase' del agua del Ebro a la provincia de Castellón.


Así lo ha anunciado en un comunicado el presidente provincial, Javier Moliner, quien ha subrayado que la Diputación de Castellón mantendrá "viva la llama de la exigencia de los recursos hídricos" que le corresponden a la provincia.


"Castellón y sus tierras siguen aportando agua al río Ebro y entendemos que es justo y necesario que esa agua retorne a nuestra provincia tal y como nosotros la aportamos", ha señalado y ha mostrado su confianza de que el nuevo Ejecutivo sea "sensible" a su petición.


El recurso, según Moliner, "está basado en la legalidad que nos ampara para pedir esa devolución y la capacidad que tiene el Gobierno de regular los usos y las aportaciones de recursos".


En las alegaciones presentadas por la institución provincial se hace hincapié en la vigencia de los artículos 12, 14, 15 y 20 del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en los que se contempla que "podrán llevarse a cabo transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca".


El recurso admite que se requeriría la modificación legislativa, pero argumenta que el Gobierno se encuentra "perfectamente habilitado" para realizarla.


Indica que los Planes Hidrológicos de Cuenca "se aprueban mediante Real Decreto, constituyendo una norma de carácter reglamentario" y por lo tanto, "nada impide" al Gobierno iniciar los trámites pertinentes para su modificación, "con la previsión de la transferencia hídrica citada y su remisión a las Cortes Generales".


Otra de las alegaciones se centra en la situación del Canal Segarra-Garrigues, que contempla transformar en superficie regable más de 72.000 hectáreas, siendo la mayor actuación hídrica de dicho tipo en todo el ámbito de la planificación hidrológica nacional.


Dicha infraestructura, sostiene la Diputación, se ha mantenido después de la modificación del Plan Hidrológico Nacional, "a pesar de que supone una notable disminución de aportes del Segre al Ebro, argumento clave para derogar el minitrasvase".


"Sin embargo este canal continúa plenamente vigente como inversión hidráulica, estando actualmente en ejecución por fases por parte de la entidad Casega, sociedad estatal que realiza dichas obras, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente", han añadido.


El escrito subraya la actual redacción del PHN, "que en su artículo 2 destaca entre sus objetivos lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial en aras de conseguir la vertebración del territorio nacional" y "optimizar la gestión de los recursos hídricos, con especial atención a los territorios con escasez".


En este punto, el recurso incide en que denegar esa transferencia de 90 hectómetros cúbicos de agua, "mientras se permite una actuación para convertir en regables 70.000 hectáreas que afectarán al caudal del Segre, quizá no sea coherente con los objetivos de equilibrio y armonización del desarrollo, así como con el de vertebración del territorio, ni con los principios del PHN".


Fuentes del ente provincial han explicado que el "conflicto judicial generado por el Ejecutivo socialista ya acumula seis años y medio", desde abril de 2005.


Fue este año, inciden las mismas fuentes, cuando la institución provincial "aprobó en el pleno de septiembre, con los votos a favor del PP y Bloc y la abstención del PSPV, una moción por la que se solicitaba al Gobierno un minitrasvase del Ebro a la provincia, lo que supone el 15 % de los excedentes que el río vierte al mar".