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El pleno de las Cortes rechazó ayer una proposición de ley presentada por el Partido Popular para aumentar el control sobre los "informes, estudios, trabajos y estadísticas" que la DGA encarga a empresas externas. PSOE, PAR e IU votaron en contra, por lo que PP y Chunta fueron los únicos grupos que apoyaron una iniciativa encaminada a aportar "claridad y transparencia" a unas contrataciones en las que el Ejecutivo autonómico ha presupuestado más de 20 millones para 2009 -13 de ellos en el presupuesto ordinario y el resto, en organismos autónomos y entidades de derecho público-.

"En el 2001 eran 600.000 euros, este año son más de 20 millones sin contar las empresas públicas -denunció el portavoz del PP, Eloy Suárez, sin que nadie le desmintiera-. No tendríamos nada que objetar si las cosas se hicieran de forma razonable, pero han derivado en un uso abusivo de las externalizaciones a pesar de que muchas veces esos informes podrían hacerse con medios propios".

Suárez insistió en que la proposición de ley del PP es "constructiva", ya que persigue un triple objetivo: evitar esos usos innecesarios, impedir que puedan encargarse informes "de dudosa utilidad" y velar para que esos contratos no beneficien "a personas físicas o jurídicas vinculadas con quienes acuerdan su contratación".

"Todos sabemos de lo que hablamos -manifestó el portavoz popular-. Es un terreno vidrioso que favorece las contrataciones dudosas". Las dos medidas principales planteadas por los populares son la creación de un registro público con sede en las Cortes en el que consten todos los contratos y la puesta en marcha de un régimen de incompatibilidades para evitar que personas vinculadas con el Gobierno de Aragón o sus empresas puedan recibir estos encargos.

CHA votó a favor de la iniciativa del PP asegurando que "se queda corta", pero la coalición PSOE-PAR la echó atrás alegando que es "totalmente innecesaria". Según socialistas y aragonesistas, la normativa estatal y autonómica ya permite controlar esas contrataciones. Ambos grupos pusieron como ejemplo el registro público de contratos y de licitadores creado por la DGA en 2006, pero tanto Chunta como el PP les recordaron que esa herramienta no afecta a los contratos menores.

"Esa es la gatera, porque no se incluyen los contratos de obra de hasta 50.000 euros y los de otro tipo de hasta 18.000 -denunciaron los nacionalistas-. Además, muchos encargos se fraccionan en paquetes de menor cuantía".

Por su parte, IU también sostuvo que la ley no es necesaria, lo que le valió duras críticas de PP y CHA. "No estamos dispuestos a seguir generando la sensación de que lo público no se controla y de que falta transparencia", argumentó su portavoz, Adolfo Barrena.