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Casi cinco meses después de su presentación por todo lo alto, el proyecto de Gran Scala se encuentra en fase de punto muerto. El Ejecutivo autonómico espera que sean los promotores -cuya solvencia se ha cuestionado en las últimas semanas, pese a que la DGA sigue confiando en su capacidad para desarrollar la iniciativa- quienes muevan ahora ficha. En el Pignatelli se aguardan pronto pasos decididos, pero ya nadie se atreve a dar plazos, al menos, públicamente.

A la espera de que los promotores del complejo de ocio y juego presenten una caución por valor de veinte millones de euros y ligada expresamente a la compra de terrenos, en el Ejecutivo parece haberse parado todo lo que se refiere a la mediación para comprar el suelo. Fuentes de la DGA confían en que haya avances en breve, pero tras el retraso acumulado se impone la prudencia y la discreción en las declaraciones.

Pero lo cierto es que el tiempo pasa y las enormes expectativas generadas por el proyecto en la sociedad aragonesa comienzan a desinflarse. De forma paralela, crece la contestación social, así como la oposición política a la iniciativa, que contó en un principio con el único rechazo rotundo de IU. Pero ahora, tanto el PP como CHA se han sumado a las críticas y piden a la DGA que cese sus conversaciones con International Leisure Developmment (ILD).

En las Cortes, se han producido ya varias intervenciones, incluida la del presidente aragonés el pasado miércoles, pero al consejero de Industria y Comercio, Arturo Aliaga, cabeza visible del proyecto, siguen lloviéndole las preguntas parlamentarias sobre el estado actual de la iniciativa y la solvencia de sus promotores. También está pendiente la comparecencia del vicepresidente, José Ángel Biel, en la Comisión Institucional, que se celebrará, si no hay cambios, el día 19.

Aunque el retraso es evidente, a la DGA no parece preocuparle en exceso. El mismo presidente argumentaba a este periódico que "para la dimensión del proyecto, si termina cuajando, ni un mes ni dos ni cuatro son sustanciales". "Lo importante", insistía siguiendo el mismo guión que sus compañeros de coalición, es "que salga bien". Pese a todo lo que ha caído, los promotores insisten en su interés por desarrollar el complejo en Los Monegros. Y han descartado otras alternativas que llegaron a barajar tras el primer revés que recibieron a la hora de comprar los terrenos.

Sin respuesta para la UE

Y mientras todo esto sucede en Aragón, el Gobierno central todavía no ha contestado a la petición que le cursó hace exactamente un mes el comisario de Medio Ambiente de la UE. Stavros Dimas solicitó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero información acerca del macroproyecto de ocio y juego, tras recibir dos quejas diferentes. La primera de ellas se produjo a raíz de la pregunta formulada por entidades ecologistas aragonesas a través del eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein. La segunda estuvo motivada por Izquierda Unida de Aragón y fue planteada por el parlamentario Willy Meyer.

Será precisamente la coalición de izquierdas, la única formación que se ha opuesto desde el principio a la iniciativa, quien llevará este mes a Bruselas la preocupación por los efectos medioambientales del proyecto. IU aprovechará su comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo prevista para denunciar el "urbanismo salvaje" de Aragón, para expresar sus inquietudes acerca de Gran Scala.

Será el próximo día 27, a las diez de la mañana. Según explicó el coordinador de IU, Adolfo Barrena, se mantendrán además diversas reuniones con representantes comunitarios para alertar sobre la dudas surgidas en torno a los promotores, avisar de las afecciones que, en su opinión, generará el complejo, e intentar recabar apoyos en contra del mismo.