La DGA ve inviable que el Gobierno supervise las cuentas de las CCAA

El director general de Desarrollo Estatutario del Ejecutivo aragonés, Xabier de Pedro, ha defendido este martes que el Gobierno central controle el nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas, pero ha considerado que "no es viable" que supervise sus presupuestos porque forma parte de su autonomía financiera.

"Una cosa es autorizar determinados niveles de endeudamiento y otra cosa es aprobar la política presupuestaria de las comunidades autónomas", ha dicho De Pedro, quien ha insistido en que el Estatuto de Aragón "deja bien claro" que los presupuestos los elabora y ejecuta el Gobierno aragonés y los aprueban las Cortes y en que "no es viable que haya un visto bueno" por parte del Gobierno central.

De Pedro ha hecho estas declaraciones antes de la inauguración en Zaragoza de las IV Jornadas sobre los Estatutos de Autonomía en las que juristas y catedráticos debatirán sobre la evolución del Estado autonómico, preguntado por el anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de una futura ley que establecerá estrictos instrumentos de control sobre los presupuestos autonómicos.

Sobre este asunto, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de La Rioja, Ricardo Chueca, ha apuntado que la articulación que se dé al control de las cuentas debe ser concordante con el régimen constitucional de competencias.

En cuanto a si el Gobierno de Aragón se plantea devolver alguna competencia al Estado, De Pedro ha recordado que la presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi, lo ha descartado y ha subrayado que el acuerdo para la gobernabilidad de la Comunidad entre el PP y el PAR va en sentido contrario y marca la línea para asumir nuevas competencias, sobre las que aún hay recorrido.

De Pedro ha apuntado, por otra parte, que el Estado autonómico no es la causa de la crisis económica pero debe adaptarse a las circunstancias actuales, de ahí la oportunidad de analizar en las jornadas las vías para que sea más eficiente, no sólo desde el punto de vista económico, sino desde la calidad democrática del sistema.