El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, anunció -después de meses de requerimientos por parte de la oposición- que reestructurará las empresas públicas de la Comunidad. Pero ¿cuál es la situación real del complejo entramado público? ¿Por qué se ha anunciado que se suprimirán o agruparán 40 de las 106 existentes? ¿Qué sentido tenía entonces la creación de las que se eliminarán? ¿Qué rentabilidad han dejado en la Comunidad? y sobre todo, ¿para qué han servido durante estos años? La respuesta a estas preguntas, de momento, sigue en el aire. Como todo lo que rodea a este sector, el parapeto del derecho mercantil y la confidencialidad de los consejos de administración impiden acceder a cierta información sobre la contratación del personal, los contratos, las asistencias...

En total, el sector público aragonés lo conforman 106 empresas, de las que el Gobierno aragonés solo tiene el control absoluto sobre el 100% del accionariado en 26 de ellas. Pero lo cierto es que del prolijo sector solo cinco concentran el 80% de las inversiones y los activos de toda la Corporación Empresarial. Son, entre otras, las que tienen que ver con los grandes proyectos de la Comunidad como la logística (Plaza), el motor (Motorland) o con el impulso de la vivienda protegida y la construcción de equipamientos (Suelo y Vivienda de Aragón). El resto se distribuyen en sociedades de los más dispares: desde compañías que se encargan de la gestión de servicios telemáticos, a otras que se dedican a la rehabilitación y explotación de un complejo turístico y deportivo, a la energía fotovoltaica, a fomentar el desarrollo industrial de una comarca o a hasta a acometer la inacabada reforma del Teatro Fleta... Hay empresas para todo.

Pero este complejo entramado también supone un foco de endeudamiento para la Comunidad. De hecho, crece año a año y en 2009 batió récords: 392 millones de euros (un 17% del total de la deuda de la administración autonómica). El Gobierno de Aragón destina a estas empresas 400 millones de euros en fondos corrientes entre transferencias corrientes (257,4 millones ) e inversiones (124,5 millones). En ellas trabajan 1.500 personas, aunque el personal de alta dirección es elevado (una de cada seis) al igual que sus nóminas (llegan a los 120.000 euros brutos anuales), lo que ha sido muy criticado por la oposición. La DGA, no obstante, se plantea ahora reducir el número de altos cargos y aplicar una rebaja de los salarios.

Con estas cifras, ¿qué medidas se podrían adoptar para reducir este sector en auge en los últimos años? En 2008, la DGA constituyó la Corporación Empresarial con el objetivo precisamente de aprovechar sinergias y llevar a cabo una gestión más unitaria. En este tiempo, aún no se han reflejado los logros en este sentido, aunque se insiste en que se trabaja en ello con la homogeneización de sistemas o la consolidación fiscal (supone un ahorro de un millón de euros). El propio consejero delegado de la Corporación, José Luis Murillo, aseguró en su comparecencia en las Cortes hace unos meses que se iba a encargar un informe para evaluar los gastos de estas sociedades, que superan los cien millones. Todavía no se ha elaborado.

Tampoco está claro cómo se acometerá el adelgazamiento del sector. Lo único que ha trascendido es que seis sociedades desaparecerán directamente, el 25% se pondrán a la venta o el Ejecutivo dejará de invertir en ellas y otras se fusionarán o tendrán una gestión compartida. En esta última iniciativa podrían incluirse las de desarrollos logísticos y Sodemasa y Sirasa.

Los sindicatos también aportan sus alternativas. Daniel Alastuey, de UGT, considera necesario "revertir" a la administración las actividades que realizan las entidades de derecho público y algunas empresas públicas, como Sodemasa y Sirasa. Para el resto, apuesta por agrupar y suprimir puestos directivos. "Así se eliminaría mucho gasto", destaca Alastuey, que lamenta que este entramado se creara "para evadir la rígida legislación de la administración, sobre todo en contrataciones".

Desde CC. OO., Julio Moreno, insiste en la racionalización del sector. Recuerda que aunque se creó para unas determinadas actividades, "este se ha extralimitado, entrando en competencias de la propia administración". Aboga por recortar altos cargos y poner fin al "uso partidista que en ocasiones se hace". No obstante, también destaca que "tiene sentido mantener algunas de estas estructuras, aunque con un replanteamiento de las actividades". Enrique Gracia, también de CC. OO, coincide y pide "una simplificación ante el abuso que ha existido de esta fórmula".

A estas empresas, habría que sumar además las diez entidades de derecho público y las nueve fundaciones (casi 300 millones de presupuesto).