La DGA no asume el pago de indemnizaciones extrajudiciales a las víctimas de la riada de Biescas

El Gobierno aragonés no ha decidido aún sobre el pago de indemnizaciones extrajudiciales a las familias de cinco de las víctimas de la riada que arrasó el cámping Las Nieves de Biescas (Huesca) y que causó la muerte de 87 personas el 7 de agosto de 1996. Así lo aseguró el representante legal de las familias de estas víctimas, el letrado Ricardo Orús, que incidió en el derecho de estas personas a ser indemnizadas por los daños personales y patrimoniales sufridos.

Estas reclamaciones fueron revisadas ya por una instructora administrativa designada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), labor que concluyó en julio de 2007 con una propuesta favorable al pago de indemnizaciones de 150.000 euros a tres de las familias, a abonar a partes iguales con el Gobierno aragonés.

Estos afectados quedaron fuera de la sentencia de la Audiencia Nacional de diciembre de 2005 que condenó a ambas administraciones al pago solidario de 11,2 millones de euros a los familiares de la mayor parte de víctimas registradas en la riada.

El letrado de las familias excluidas de estas indemnizaciones alegó que sus clientes no fueron informados en el año 2000 del archivo de la causa penal abierta en torno a la tragedia, por lo que, según entendía, no prescribió el plazo de un año establecido legalmente para optar por la vía del contencioso.

En respuesta a su demanda, la CHE decidió nombrar a una instructora para estudiar los casos presentados, varios de los cuales fueron rechazados dado que a éstos sí que les fue comunicado el archivo de la causa penal.

Según el letrado de cinco de las familias afectadas, a pesar de que el Organismo realizó poco después de plantearse el recurso una propuesta favorable al pago de las indemnizaciones, el Gobierno aragonés no ha dado respuesta alguna a pesar de también nombró un instructor para estudiar los distintos casos planteados.

Orús explicó que la ausencia de respuesta por parte de la Administración aragonesa sería causa del retraso de la CHE en dar curso a las resolución favorable propuesta por su propia instructora.

A juicio del abogado, "es triste ver cómo los políticos actúan en momentos determinados guiados por la opinión pública, y comprobar cómo se olvidan cuando las cosas dejan de ser noticia".

El representante legal de esta familias, a pesar de admitir que en el escrito del Gobierno aragonés que le informó del nombramiento de un instructor advertía que el silencio administrativo debía entenderse cinco meses después como rechazo de los recursos, insiste en reclamar una respuesta para sus clientes.

La sentencia de la Audiencia Nacional declaró la responsabilidad patrimonial de ambas administraciones en la tragedia al entender que en el ejercicio de sus competencias legales autorizaron o consintieron que el cámping se situara en una zona peligrosa, en el cono de deyección (desagüe) del barranco de Arás".

Según el abogado, sus representados sufrieron las mismas situaciones que el resto de familias que ya han sido indemnizadas por vía judicial, por lo que reclamó "sensibilidad" por parte de las administraciones.