La DGA alude a la Ley de Protección de Datos para no publicar los sueldos de los directivos

El consejero de Presidencia aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, ha dicho que el Ejecutivo "no vería mal" que se hiciera público el salario de los trabajadores y directivos de las empresas públicas de la comunidad si éstas no estuvieran sujetas, en algunos casos, a la Ley de Protección de Datos.

Bermúdez de Castro, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, ha sido preguntado por la previsión de reestructuración salarial de los directivos de las empresas del sector público y por la posibilidad de que sus sueldos se hagan públicos, como ocurre con los altos cargos de la administración y con los funcionarios públicos.

A este respecto, ha dicho que algunas de estas empresas, al no estar solo participadas por el Gobierno de Aragón, están sujetas a la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, ha precisado que "no vería mal" que "en un futuro" se publicara el listado de estas personas "con nombres, apellidos y salarios".

En la legislatura pasada, el PP denunció de forma reiterada la opacidad y falta de transparencia del Gobierno por no proporcionar estos datos. De hecho, en marzo de 2009 el Grupo Parlamentario Popular registró -y le fueron rechazadas- 133 peticiones de información sobre la relación de personas contratadas por las sociedades del Gobierno de varios ejercicios con sus importes correspondientes.

Reestructuración salarial

Sobre la reestructuración salarial de estos directivos, Bermúdez de Castro ha precisado que la "dispersión" en su horquilla salarial es "brutal" y que a día de "no existe ningún tipo de criterio para poner sueldos", algo que el actual Ejecutivo quiere solucionar.

Por eso, la intención es fijar unos "salarios de salida" y complementarlos con determinados incentivos en función de la importancia de la empresa y de la consecución de los objetivos fijados. Además, respecto a la petición para que el Gobierno haga público el contrato entre Motorland y la sociedad Dorna para la celebración de las pruebas de Moto GP en el circuito de Alcañiz (Teruel), el consejero de Hacienda, José Luis Saz, ha dicho que va a hacer "lo posible" para que éste se pueda "enseñar y mostrar".

Pero ha recordado que cuando se firmó, el anterior gobierno PSOE-PAR aceptó incluir una cláusula de confidencialidad exigida por Dorna con la prohibición expresa de dar información sobre el contenido económico del contrato.

Saz ha insistido en que el actual gobierno no firmará ningún contrato que incluya cláusulas de este tipo.

En todo caso, ha recordado que es "un contrato más" sometido a fiscalización "sin ninguna limitación.