El pago de las pensiones a los hijos cuando la pareja ha roto es motivo de discusión y mediación judicial en muchos casos. Pero ahora, más. Los Juzgados de Familia de Zaragoza han notado desde hace meses un incremento de los casos en los que, sobre todo padres, piden una rebaja para poder asumir la pensión mensual acordada. Es lo que se conoce como una modificación de medidas.

Por otra parte, quienes tienen a los niños a cargo y no reciben la cantidad pactada también acuden ahora más a la Justicia para denunciar que el dinero no llega.

En Zaragoza hay tres Juzgados de Familia. Luis Badía Gil, magistrado juez de uno de ellos -el Juzgado número 16 de Primera Instancia-, coincide en que "el goteo de casos" de este tipo está siendo constante. "Es cierto que recibimos más modificaciones y ejecuciones, la crisis sí que está haciendo mella", resume Luis Badía. Los datos no mienten. En este Juzgado, en el tercer trimestre de 2008 recibieron 16 solicitudes de modificación de medidas. La cifra aumentó más del doble en el cuarto trimestre (fueron 35) y siguió ascendiendo en el primer trimestre de 2009 (se registraron 37). Las cifras son extrapolables a las otras dos salas.

"En los casos que estamos viendo, son muchos hombres los que piden una modificación de medidas porque han quedado en paro o eran autónomos y ahora lo están pasando mal. Pero deben saber que la ley les exige que acrediten que esto es así y que también es necesario que su situación económica se haya deteriorado de forma sustancial para que se les conceda una rebaja en la cuota u otra solución", aseguran letrados consultados por HERALDO.

Los jueces recomiendan a los afectados que vean que van a quedar en el paro o que no pueden pagar que pidan cuanto antes una modificación, ya que esta, además, suele tardar como mínimo tres meses en concederse, tiempo durante el que deberán seguir abonando la cantidad anterior acordada.

No es un asunto baladí: el impago durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos está tipificado como un delito en España y se puede llegar a castigar con penas de tres meses a un año de cárcel, sobre todo con estancias en prisión de fin de semana.

¿Y la picaresca? ¿Son muchos los que utilizan la excusa de la crisis para decir que no pueden pagar? Tanto este juez como su compañero de Familia del Juzgado de Instrucción número 6, Francisco Javier Forcada, insisten en que no se puede generalizar y en que cada caso se estudia en particular. "Siempre es difícil controlar los ingresos y gastos de los autónomos, pero tampoco se puede pensar que todos los padres intentan cometer un fraude", explica Forcada. "Cuando vemos cada caso trabajamos con lo que tenemos y nuestras sentencias se dictan en función de lo que podemos probar", añade el magistrado Luis Badía.

Ambos coinciden en que también han aumentado las reclamaciones para que se ejecuten las sentencias, que suelen pedir los que tienen a los hijos a cargo cuando el otro progenitor no paga. "No obstante, algunas no son por motivos económicos, sino de otra índole, como por la ropa de los niños, las actitudes hacia ellos... Es un campo complicado", explica.

Este año, por ejemplo, los jueces han visto con estupor cómo el hecho de que los menores salieran del colegio antes los viernes se ha convertido en motivo de mediación judicial para decidir quién debía recogerlos.

Salas saturadas

Estos asuntos tienen a saturar unas salas que ya de por sí atienden un 140% más de asuntos de los que deberían asumir. La crisis no ayuda, ya que es uno de los elementos que más distorsiona a las familias, ya que las relaciones se deterioran cuando falta el dinero.

De hecho, hace tiempo que estos jueces piden un cuarto magistrado para dar salida al trabajo, así como una dotación adecuada de psicólogos y trabajadores sociales, tan necesarios en asuntos de Familia.

Les avala el hecho de que, recientemente, los abogados de España les dieron casi un 7, la mejor nota concedida a unos juzgados en todo el país. Su rapidez en las resoluciones fue uno de los aspectos más valorados.

Gemma Gonzalo, del Colegio de Abogados de Zaragoza, explica que los letrados que se dedican a estos temas han notado el incremento en cuanto a modificaciones y petición de ejecuciones, pero que muchas situaciones están llegando más al turno de oficio, ya que quien no puede pasar una pensión difícilmente podrá justificar los pagos a un abogado particular. No obstante, algunos alegan que es la familia la que les da soporte económico.

Estos potenciales usuarios pueden solicitar la justicia gratuita. "En el Colegio, en el turno de oficio ven muchos más casos desde hace unos meses, coincidiendo con la crisis. Nosotros, además, también aconsejamos que si alguien ve que no puede asumir los pagos consulte cuanto antes con un abogado, porque se puede enfrentar a penas mayores", concreta.

Ayudas 'casi' imposibles

Al margen de las separaciones, en el caso de los niños que dejen de recibir la pensión existe una ayuda del Estado pero que muy pocos disfrutan. Solo 6 niños aragoneses se beneficiaron en 2008 de la prestación por impago de pensión de uno de sus padres, y algunos colectivos achacan el fracaso de la iniciativa a la poca promoción de la Administración y a sus estrictos requisitos económicos.

En toda España, esta ayuda, conocida como Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, llegó únicamente a 519 chavales, a pesar de que es una medida relativamente nueva que busca ser una ayuda para padres y madres con hijos a su cargo y que no reciben la pensión correspondiente del otro cónyuge.

En Zaragoza, Huesca y Teruel, en todo el año se resolvieron 18 expedientes de posibles beneficiarios, uno por hijo. De estos, 6 se concedieron, 5 resultaron negativas, 2 solicitantes desistieron durante el proceso y 5 estaban en trámite al cerrar 2008.

El fondo se puso en marcha en España con una partida de 10 millones de euros a cargo de los presupuestos del Estado, y finalmente se gastaron 351.526, según los gestores de las ayudas (la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas).

No obstante, acceder a este fondo no es tarea fácil. Si se concede, se dan 100 euros mensuales al solicitante durante un máximo de 18 meses. Además, el Gobierno lo concede como anticipo para aliviar el problema, pero luego los reclama al incumplidor.

Para solicitarla hay una serie de requisitios económicos estrictos: los ingresos del progenitor no pueden superar 1,5 veces la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es decir, 9.489 euros cuando se tiene un hijo, 11.070,5 si son dos y así sucesivamente.

Incluso la mayoría de los abogados de Familia desconocen esta ayuda. Y eso que, para pedirla, debe quedar constancia de que el solicitante ha comunicado al Juzgado de Familia que no le pasan la pensión y la Justicia no ha podido embargar los bienes del deudor o tomar alguna medida contra él.