La DGA congelará los salarios a los empleados públicos de Aragón

La auditoría de las cuentas de la administración aragonesa elaborada por la intervención general del Ejecutivo autónomo ha detectado graves desajustes presupuestarios y financieros y, si se mantuviera la tendencia de gastos e ingresos, el déficit a final de año podría alcanzar los 943 millones de euros.

Así lo ha indicado en la presentación del informe el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, quien ha subrayado que esos "gravísimos desequilibrios" exigen la adopción de medidas correctoras "inminentes", aunque el déficit previsto a final de año está sujeto a modificaciones en función de los resultados de las medidas de contención del gasto que se están poniendo en marcha.

La auditoría, en la que se analizan los gastos reales a 30 de junio y la previsión hasta final de año, también revela la situación "crítica" de liquidez, aunque Garcés ha asegurado que no habrá ningún problema de pagos de nóminas ni de los servicios ligados a la educación, la sanidad o los servicios sociales, que el Ejecutivo considera "intocables". "La peor herencia económica en 30 años"

"Heredamos la peor situación económica y presupuestaria posible que ha vivido Aragón en los últimos 30 años", ha subrayado Garcés, quien ha recalcado que representa un "desafío" para el Gobierno de Aragón, que hará lo posible para introducir medidas suficientes para empezar a paliar los desajustes.Recorte de presupuestos y congelación de los salarios a los empleados públicos

Para cuadrar las cuentas, ha señalado, el Gobierno prevé para el año próximo un recorte sustancial en partidas no esenciales de los presupuestos y congelar los salarios a los empleados públicos, y no descarta recaudar el impuesto de Patrimonio ni adoptar medidas ejemplarizantes como la renuncia al cobro de dietas de los miembros del Ejecutivo, como ya ha hecho el propio Garcés.

Ha especificado, respecto a la liquidez, que las obligaciones presupuestarias que quedarán pendientes de pago a 31 de diciembre rondarán los 562 millones de euros, de ellos 435 correspondientes a pagos a proveedores y 127 al pago por cancelación de operaciones de crédito con entidades financieras.

El informe, que se puede consultar en la página web del Gobierno, dedica cien de sus 180 páginas al sector público empresarial y se centra en las sociedades que suponen un mayor riesgo para el Gobierno: la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, cuya existencia es "intocable", ha dicho Garcés, así como las plataformas logísticas de Zaragoza y Huesca, Plaza Desarrollos Logísticos, Suelo y Vivienda de Aragón, Expo Zaragoza Empresarial, SIRASA, SODEMASA, Avalia y Aramón.Posible liquidación de algunas sociedades públicas

Garcés ha subrayado que la intervención general concluye que algunas de esas sociedades se deberían liquidar casi inmediatamente y otras, reestructurarse, y el Gobierno de Aragón hará público cómo quedará el mapa de las empresas públicas en un máximo de dos semanas.

Ha detallado, en relación con las sociedades dedicadas al sector inmobiliario, que Zaragoza Alta Velocidad tiene un endeudamiento de 485 millones, Pla-Za de 113 millones y Expo Zaragoza Empresarial, de 132.

Ha resaltado también que la auditoría recoge como uno de los aspectos más preocupantes que, además de los avales contraídos por el Gobierno de Aragón, se han suscrito por valor de 400 millones cartas de compromiso por las que una autoridad se compromete, en nombre del Ejecutivo y sin el visto bueno del Consejo de Gobierno, a atender futuras obligaciones de las sociedades públicas en caso de incumplimientos, entre ellas Expo Zaragoza Empresarial y Pla-za.

Para la intervención, lo hecho es "manifiestamente irregular" porque se han firmado de forma individual, en algunos casos por personal de la corporación de empresas y en otros por el ex consejero de Economía Alberto Larraz, ha dicho Garcés, quien ha avanzado que el Ejecutivo desterrará esta "costumbre" y garantizará que estas operaciones tengan el respaldo del Consejo de Gobierno y la habilitación adecuada en el presupuesto.

Por otra parte, ha explicado que la auditoría ha detectado, a 30 de junio, facturas pendientes por 47 millones de euros de la administración general y de organismos autónomos no contabilizados en los presupuestos.

Si a esa cuantía se suman los 400 millones de euros de deuda que tendrá el Salud a final de año, el Gobierno de Aragón tendrá unos 460 millones de euros en facturas que no podrá imputar al presupuesto.

Ha precisado, respecto al Salud, que el presupuesto de este año para farmacia hospitalaria se estima en 288 millones, pero 220 proceden de obligaciones de otros ejercicios, con lo que el Gobierno de Aragón sólo cuenta con unos 60 millones para atender ese gasto este año, mientras que el déficit presupuestario en servicios sociales rondará los 29 millones a final de año.

La auditoría también analiza el endeudamiento, que ha pasado de 1.517 millones en 2008 (el 4,5 % del PIB) a 3.332 en 2011 (10,1 % del PIB) y los gastos plurianuales, con compromisos para los próximos años de 8.042 millones de euros, el 71 % correspondiente a Obras Públicas por la adjudicación del Plan Red de Carreteras.