La medida de rebajar el límite máximo de velocidad en autovías y autopistas a 110 por hora, en vigor desde ayer, tiene un «claro afán recaudatorio» y «muy poca base para afirmar que se van a ahorrar millones de toneladas de combustible». Así lo creen los miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), como el delegado en Aragón de la entidad, Juan José García Calvo.

«Es una decisión totalmente improvisada, que no se sustenta en estudios serios y que ni siquiera ha tenido en cuenta otros que sí se han hecho en países europeos y que concluyen que no se ahorra disminuyendo el límite de velocidad», manifestó ayer el presidente de la comisión nacional de Tráfico de la AUGC.

«Aunque estamos de acuerdo en que a más velocidad los accidentes son más graves, esta medida no se adopta por seguridad vial sino por eficiencia energética, lo que no está en absoluto demostrado», aseguró.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UGC), Manuel Mato Vázquez, señaló que es una «tomadura de pelo» que tiene por objetivo poner más multas. «Se trata de recaudar, y punto», subrayó. Así, reprochó que, pese a la mejora de las carreteras y los motores, y a que «hay más controles», se vuelva a disminuir la velocidad en defensa de que «es más seguro». «Para eso, que digan que hay que circular a 100, a 90, o en caballo», ironizó.

En esta línea, Manuel Mato reiteró que «lo que interesa» al Ejecutivo son «las denuncias de tráfico» y añadió que, lo que no recauden los agentes, «lo harán los radares». También denunció las «presiones» que están recibiendo, a su juicio, los agentes de las agrupaciones de tráfico para que aumenten el número de denuncias «con fines recaudatorios».

Por el momento, la Dirección General de Tráfico no tiene previsto facilitar datos de velocidad media en las carreteras o del número de infracciones cometidas con el nuevo límite hasta que pasen unos días, ya que las cifras de una jornada, aseguran en la DGT, «no son significativas desde el punto de vista estadístico».

La reducción de velocidad sí se dejará sentir en la cuantía de las multas, en función de en cuanto se supere. Si antes se sancionaba con 100 euros superar los 151 kilómetros por hora, ahora se rebaja a 141. A partir de esa velocidad y hasta 161, se sancionará con 300 euros.

Para la AUGC de Aragón, la medida también influye en la aplicación del Código Penal, puesto que dice claramente que superar en 80 kilómetros el límite de vías interurbanas es delito. Ahora, el tope se sitúa en 191 y no en 201, como hasta el domingo pasado. «Nosotros no tenemos una instrucción contraria a este planteamiento», aseguró la AUGC.

De cualquier forma, fuentes de la Guardia Civil de Tráfico en Aragón aseguraron ayer que los conductores estaban circulando a 110 kilómetros por hora de manera generalizada. «Suele pasar cuando entra en vigor una nueva norma. Por lo general, se suelen relajar cuando pasan unos días», señalaron.

Críticas del PP

Mientras, partidos políticos, conductores y plataformas ciudadanas criticaron ayer con dureza la reducción de velocidad a 110 kilómetros por hora. Gran parte de las críticas provinieron del PP. Así, la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, aseguró que «el afán recaudatorio» del Gobierno está «en la mente de muchos españoles» con la entrada en vigor de la medida, dada la «cantidad de multas» que se estaban poniendo ayer en las carreteras españolas.

Insinuó que detrás de esas multas hay un deseo de recaudar, porque al Ejecutivo «le falta dinero para cumplir con unos objetivos de déficit que no le están resultando muy fáciles». De hecho, dijo que como consecuencia del nuevo límite de velocidad la escala de multas ha cambiado y donde antes se sancionaba con 100 euros ahora pueden llegar a 300.

Más allá fue el portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Gustavo de Aristegui, que frente a la reducción propuso subir a «140, 150 e incluso a 160 kilómetros por hora» el límite de velocidad en algunos tramos de carretera, con la idea de que se cumplan a «rajatabla» como ocurre en Alemania.

Sin salir del ámbito político, el consejero catalán de Interior, Felip Puig, dijo que «España es diferente, otra vez», al limitar la velocidad para ahorrar combustible cuando en otros países europeos, como Holanda o el Reino Unido, se ha optado por aumentarla a 130.

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos consideró que la bajada del límite provocará un aumento de multas entre sus clientes. Y la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), por su parte, señaló que desde 2004 la velocidad media en autopistas y autovías ha bajado en más de tres kilómetros por hora (de 117 a 114 km/h), mientras que el consumo de carburante ha aumentado (de 29,8 millones de toneladas a 31,1), lo que, en su opinión, cuestiona «el hipotético ahorro energético».

En defensa de la iniciativa, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, insistió en que la rebaja tiene como único objetivo ahorrar combustible y consideró «absurda» la idea de que busca aumentar los ingresos por multas. En una entrevista en Telecinco, Sebastián explicó que, del precio del combustible en el surtidor, la mitad son impuestos y que, por lo tanto, a menor consumo menor recaudación.

El ministro dijo que para el conjunto del país el ahorro va a suponer unos 18 millones de barriles de petróleo, equivalente al 3% de la factura que actualmente paga España por este concepto. Recordó que, en todo caso, se trata de una medida transitoria y que espera que las cosas se normalicen para que no sea necesario prorrogarla.

Por su parte, la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA mantiene que «las ventajas superan con diferencia a los inconvenientes». Por ello, a Francisco Canes, su presidente, le sorprenden «las reacciones tan viscerales» que ha desatado. «Guste o no, la medida no perjudica a nadie. Reduce el gasto energético y tiene efectos beneficios en la accidentalidad». Para Francisco Canes «es absolutamente falso el argumento de que los conductores se aburran o se duerman».

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