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María Victoria Pinilla, alcaldesa de La Muela (PAR), está indignada con su arresto y las graves acusaciones que pesan sobre ella y su familia porque considera que durante años "solo ha luchado y peleado por su pueblo". La primera edil, detenida a las 7.30 del pasado miércoles junto a 17 personas más, entre ellas su marido y uno de sus hijos, pasó catorce horas en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón antes de ser llevada a declarar ante los agentes de delitos económicos, en presencia de su abogado, Javier Notivoli.

El letrado, que eludió hacer cualquier declaración respecto al caso puesto que el juez tiene decretado el secreto del sumario, sí que manifestó a la salida que María Victoria Pinilla se siente inocente y que, de hecho, confía en poderlo demostrar "con relativa sencillez". "Ella está deseando que le interrogue el juez para poder contestar", manifestó.

Al ser preguntado por el estado anímico de la alcaldesa, explicó que está bien porque es una mujer "muy fuerte". No obstante, reconoció que la cantidad y gravedad de los cargos que se le imputan "asusta". En relación con las acusaciones que se le atribuyen a María Victoria Pinilla, confirmó que son nueve los delitos por los que fue detenida. En concreto, cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la concesión de las subvenciones, malversación de caudales públicos, y exacciones ilegales y blanqueo de capitales.

A pesar de todo, el abogado reiteró que su cliente no ha hecho nada "a pesar de las circunstancias tan propicias" que se dieron en la localidad de La Muela, que siempre ha tenido "un cuidado exquisito" con su gestión y que "está pagando el precio de haber hecho su pueblo grande".

"Sorprendido" y "tranquilo"

Notivoli también prestó asistencia letrada al marido de María Victoria Pinilla, Antonio Embarba, y a Víctor, uno de sus hijos. Este último está acusado de tráfico de influencias y, según el letrado, es un joven "que vive de su trabajo" y no ha cometido ningún hecho reprochable. Sin embargo, a su padre se le imputan los presuntos delitos de uso de información privilegiada, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. El abogado manifestó que Antonio Embarba estaba "sorprendido" por lo que estaba ocurriendo pero a la vez "tranquilo", porque "jura y perjura" que no tiene nada que ocultar. "Es un hombre que ha vendido o comprado casas unas veces más caras y otras más baratas, pero nada más", manifestó.

En cuanto al cuarto de sus defendidos, el concejal del PAR Juan Carlos Rodrigo Vela, se le atribuyen los delitos de cohecho, fraude, exacciones ilegales, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tenencia ilícita de armas, puesto que en su casa se encontró un revólver.

Otro de los imputados que declaró ayer a la Policía fue Antonio R. V., de 28 años, escolta del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, e hijo de María Jesús V., de 63 años, también arrestada en esta operación policial y que regenta una céntrica gestoría.

El primero, acusado exclusivamente de tráfico de influencias, se presentó por la mañana en la Jefatura Superior acompañado de su abogado, José Antonio Ruiz Galbe, tras regresar el día anterior de Estambul, donde estaba acompañando a Boné en un viaje oficial. No obstante, no fue hasta la tarde cuando pudo asistirle en la comisaría de Delicias -ya en calidad de detenido-, puesto que los arrestados fueron diseminados por distintas dependencias policiales de la ciudad.

El veterano abogado penalista puso de relieve la indefensión que, a su juicio, causa el secreto del sumario ya que es imposible conocer las imputaciones concretas contra sus clientes. También subrayó que este no es un atestado policial, sino que surge de una investigación judicial y que, por lo tanto, deberían haber sido llevados directamente ante el magistrado instructor.

De parecida opinión era el letrado Enrique Trebolle, defensor de Julián de Miguel Ortega, máximo responsable de Aranade, empresa especializada en tramitaciones urbanísticas que ha gestionado los grandes proyectos de La Muela de los últimos años.

El abogado, no pudo asistir a su cliente hasta las 21.00, comentó que De Miguel no declaró ante los agentes "porque es un mero trámite y lo importante es lo que se dice ante el juez". "Por eso -añadió- mi defendido está deseoso de hacerlo ante el juez del caso y esclarecer todo lo que sea preciso".

El letrado explicó que el motivo de esta negativa es que estas diligencias surgen de una investigación judicial no de la Policía, como sucede en el 95% de los casos. "Hay que distinguir los atestados que se inician por un hecho luctuoso o por una investigación policial, del asunto que nos ocupa, pues este nace de una investigación judicial de hace tiempo".

Además, manifestó que a De Miguel se le acusa de uso de información privilegiada, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales y tráfico de influencias, "delitos todos ellos típicos de los funcionarios públicos, cosa que mi cliente no es".

"Férreo y con ánimo"

Enrique Trebolle comentó que, tras treinta y siete horas de detención, cuando vio a De Miguel lo encontró "férreo" y "con ánimo de esclarecer todo". Destacó que la actividad de su empresa no se centra solo en La Muela sino que participa en numerosos proyectos de Navarra, Madrid y Andalucía, entre otros. "No está preocupado por él, sino que teme por su familia y por los cincuenta trabajadores de su empresa que dependen de él", resaltó.

Además de la familia de María Victoria Pinilla, entre la que se incluye su primo Carmelo Aured, declararon ante la Policía el arquitecto municipal de La Muela (que también lo es de la Puebla de Alfindén), Francisco Núñez Castillo y el secretario municipal, Luis Ruiz Martínez.

También lo hicieron los constructores V. R. L., de 56 años y que fue arrestado en Nuez, e I. V. C., de la misma edad, residente en Cadrete. A lo largo de su actividad profesional, ambos han trabajado para distintas construcciones en La Muela, el primero en viviendas y, el segundo, en montajes industriales. Los dos están acusados de presuntos delitos de cohecho, según confirmaron sus respectivos abogados, Rafael Ariza y José Antonio Rubio.

Mientras, en Madrid, según fuentes judiciales, José Carlos F. D., un constructor que fue detenido en San Sebastián de los Reyes dentro de la misma Operación Molinos, fue puesto en libertad tras declarar ante el juez de guardia, con la obligación de comparecer cuando se le cite.

Ninguno de los letrados tuvo acceso al sumario, que está plagado de escuchas telefónicas grabadas durante meses. Es posible que esta tarde o mañana por la mañana, empiecen a desfilar por el despacho del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia.