Últimas noticias de Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel del periódico digital Heraldo.es

La alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, adjudicó a dedo una promoción de viviendas a Aranade, la empresa de uno de los imputados en la Operación Molinos, Julián de Miguel, y que ha eludido la cárcel con el pago de una fianza de 120.000 euros. La contratación se fraguó en 2006 a través de la sociedad urbanística municipal, cuya gestión dependía de la misma empresa Aranade, a la que se le encargó la construcción de 26 viviendas -denominadas Residencial Nuestra Señora del Carmen II- con una tramitación irregular, como reflejó la auditoría de las cuentas de ese año. Este documento se incluye en la denuncia presentada en diciembre de 2007 ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que dio origen a la Operación Molinos.

Pese a ser la encargada de la gerencia de la sociedad municipal desde finales de los 90, la entidad que dirige Julián de Miguel ha ejecutado otros tres proyectos residenciales en el municipio, como recoge su propia página web y entre los que se encuentra la promoción reseñada por los auditores. En total, suman 98 viviendas.

El informe encargado a Ernst & Young en 2007 sobre las cuentas del ejercicio anterior de la sociedad urbanística verificó que no se había "cumplido el principio de concurrencia" en la contratación de las obras, pertenecientes a la segunda fase del Residencial Nuestra Señora del Carmen. Como apoderado de Aranade, Julio de Miguel firmó una alegación en la que aseguraba que la obra "se contrató con Icoplan SL" por el conocimiento que esta empresa poseía de la urbanización.

Hay que recordar que la primera fase de esta promoción, también proyectada por Aranade, se compuso de 14 chalés unifamiliares que sorteó el Ayuntamiento muelano. Entre los beneficiarios están uno de los hijos de la alcaldesa, Jorge Embarba, y, según varias fuentes, otras personas próximas al equipo de gobierno.

Como en la auditoría de los ejercicios de 2004 y 2005, también aportada en la denuncia, en esta se constatan también numerosas alertas, entre las que se incluye la necesidad de pagar dos millones de euros en concepto de IVA al trasladar de la sociedad urbanística al Ayuntamiento los bienes encargados a la primera. Y eso que el trabajo encargado por el equipo de gobierno muelano es una revisión limitada y no una auditoría estatutaria, lo que limita la profundidad del análisis de los redactores.