Llevan veinte años pidiendo una carretera que hoy, por fin, saben que no va a llegar, al menos a corto plazo. Los vecinos de Ráfales, Monroyo, Torre de Arcas y La Cerollera vieron ayer, con las medidas del ministro de Fomento, truncadas sus esperanzas de concluir el tramo que une estas localidades con Castellón a través de la Nacional 232 y por la que a diario circulan cientos de vehículos, en su mayoría, pesados.

No obstante, y aunque ningún vecino esperaba la noticia, tampoco les ha sorprendido. Desde que se proyectara hace 12 años y comenzaran los trabajos hace tres, las obras en la N-232 han venido servidas de polémica. En los últimos dos años han sufrido tres parones, dos de ellos provocados por conflictos entre el propio Ministerio y la constructora Rover Alcisa. En concreto, en marzo de 2009 se inició una primera modificación del proyecto, lo que acarreó que durante todo el verano los trabajos estuvieran paralizados. Asimismo, diciembre de 2009 fue también el inicio de una discordia entre ambas entidades, la cual se alargó hasta finales de abril. Se produjo a raíz de una nueva modificación planteada por la constructora que conllevaba un sobrecoste adicional, que habría elevado el presupuesto inicial en cerca de 10 millones de euros, según fuentes cercanas al Ministerio.

En aquella ocasión, la constructora decidió retirar la maquinaria y a los trabajadores, como método de presión a fin de forzar las negociaciones.

No obstante, en enero de este año se produjo un nuevo parón debido a la aparición de una grieta de 30 centímetros en la carretera que obligó a construir un desvío provisional.

El pulso entre Rover Alcisa y el Ministerio de Fomento ha sido, a juicio del diputado en el Congreso Vicente Guillén, el detonante de la rescisión del contrato, y aludió a la última petición de modificación del proyecto. "Si el Ministerio pretende ahorrar en cada proyecto una media del 22%, es intolerable que la empresa haga un modificado ampliando el presupuesto entre un 20% y un 25% sobre la cantidad inicial", dijo.

El alcalde de Ráfales, Fernando Cavero, calificó de "vergüenza y barbaridad" la situación. En el mismo sentido se manifestó el alcalde de Monroyo, Andrés Cros. "Tras 14 años de obras, y ahora que parecía que remontaban el vuelo, las paran; pero somos pocos habitantes con muy poca repercusión política", señaló.

Luis Ángel Giner, alcalde de Torre de Arcas, explicó que la decisión hunde a las familias del territorio, que dependían del trabajo en las obras. Además, piensa que no es justificable la rescisión porque "la gente se la juega al circular por esta carretera". Por su parte, la alcaldesa de Alcañiz, Amor Pascual, pidió al Ministerio que reconsidere su postura. "Teruel es deficitaria en infraestructuras, y esta era de vital importancia para conseguir el desarrollo", afirmó Pascual.