El Gobierno de Aragón, el obispado de Barbastro-Monzón y el Ayuntamiento de la localidad oscense de Villanueva de Sijena mantendrán este martes, 31 de enero, una reunión a tres bandas, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que considera que fue legal la venta a Cataluña de los bienes de Sijena.

El TC ha fallado a favor del Gobierno de Cataluña en el litigio que debía determinar si las obras del monasterio de Villanueva de Sijena que fueron compradas por Cataluña debían regresar a Aragón. El Tribunal Constitucional ha avalado dicha compra catorce años después de la presentación del recurso aragonés, cuyo gobierno inició los trámites para ejercer el derecho de retracto.

El objetivo del encuentro pasa por plantear posibles estrategias conjuntas para reclamar las obras de Villanueva de Sijena, según ha apuntado el responsable de Patrimonio de la Diócesis de Barbastro-Monzón, Enrique Calvera, quien tomará parte en este encuentro.

Calvera ha dicho que la reunión servirá "para pensar en posibles estrategias de cara a darle salida a este tema, del que nos han fallado en contra, veremos si hay otras posibilidades para la reclamación". Según Calvera, la diócesis está expectante ante las posibilidades legales que estudian los servicios jurídicos de la DGA.

Por su parte, la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, quiere pactar con el obispado y con el Consistorio una estrategia común ante lo que consideran un ataque a Aragón. Días atrás, la consejera ha manifestado que "sentimos una decepción, no exenta de enfado y cierta frustración, porque es una sentencia que creemos que mutila el Estatuto de Autonomía de Aragón al cuestionar la posibilidad del Gobierno de Aragón, en representación de todos los aragoneses, de reclamar el patrimonio cultural que le pertenece y que está fuera de su territorio".

A ello añadía que "esto es un hecho grave, que nos afecta intensamente en el presente y en el futuro y no nos vamos a conformar".

Todos los partidos políticos han mostrado su malestar por la sentencia del Tribunal Constitucional y han rechazado ese fallo que consideran inconcebible y piden al Gobierno de Aragón que agote todas las vías posibles para conseguir que esos bienes sean devueltos.