La DPH ayudará a las alcaldías que no cuenten con funcionarios habilitados de carrera

Hasta ahora, las funciones de tesorería las podía desempeñar cualquier concejal sin coste alguno.

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ofrecerá servicio a los ayuntamientos oscenses que no cuenten con funcionarios habilitados de carrera para desempeñar las funciones de tesorería. Así lo ha dado a conocer la secretaria de Organización del PSOE oscense, Elisa Sancho, y el secretario de Política Institucional, Fernando Sabés, quienes han criticado la reforma legal aprobada por el PP por la que a partir de ahora las funciones de tesorería en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes las debe desempeñar un funcionario habilitado de carrera.


Hasta ahora las podía desempeñar cualquier concejal sin coste alguno, han recordado, para advertir de que esta medida afecta a todos los municipios de la provincia de Huesca, excepto a su capital. En rueda de prensa, Sabés ha indicado que "en la mayoría de los ayuntamientos son concejales sin remuneración económica los que desarrollan la tarea de tesorero municipal y sin ningún problema y esto va a suponer un mayor coste, los que dicen que hay que optimizar la administración legislan todo lo contrario", ha advertido.


Según Elisa Sancho, esta medida conllevará además restar agilidad en los ayuntamientos con importantes retrasos en los pagos, entre otros perjuicios.

"Esto va encaminado a que haya un funcionario al que el Gobierno tenga controlado y será el que firme las órdenes de pago de todos los ayuntamientos de esta provincia, cuando en un consistorio pequeño de 100 ó 200 habitantes el volumen puede ser de 50 órdenes de pago al mes. Así un funcionario o dos cargarán con la responsabilidad de firmar órdenes de pago de las que no tienen ni idea".


Por ello, la DPH ha enviado a los ayuntamientos de la provincia una encuesta para conocer sus necesidades y así poder ofrecer este servicio. Para el PSOE esta medida es "un nuevo ataque" al mundo rural por parte del PP y confía en un cambio en el Gobierno central para poder revocarla.

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