El pleno del Ayuntamiento de Huesca ha acordado este martes no rescindir el contrato de limpieza urbana suscrito con FCC, pero vigilará el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el pliego y valorará la posibilidad de llegar a la rescisión si se acumulan incumplimientos graves.

Así lo ha acordado el Consistorio oscense en una sesión plenaria, de carácter extraordinaria, solicitada por los grupos del PSOE y CHA para analizar el conflicto laboral surgido entre la empresa y los trabajadores, y los incumplimientos en el servicio.

Los grupos de gobierno del PP y PAR han rechazado la propuesta presentada por los grupos del PSOE y CHA de rescisión del contrato con FCC y de subrogación de los trabajadores de la empresa por parte del consistorio al considerarla ilegal.

El pleno ha aprobado la propuesta presentada por los grupos de gobierno de apoyo a los trabajadores en sus negociaciones con la empresa, así como de mantener una actitud vigilante respecto al cumplimiento de las condiciones del servicio y de no descartar la rescisión del contrato de valorarlo así los servicio jurídicos del consistorio.

Los grupos políticos municipales han respaldado, asimismo, la propuesta presentada por IU para mantener respecto a FCC una "exigencia máxima" en el cumplimiento de las condiciones pactadas y en la aplicación de las sanciones por los "graves incumplimientos" denunciados en cuanto a la cláusula de estabilidad laboral.

La portavoz de la coalición de IU, Pilar Novales, ha insistido en que su grupo es partidario de una gestión directa y pública del servicio, pero ha advertido de que la propuesta de PSOE y CHA hubiera podido suponer el despido de los trabajadores de la empresa.

Novales ha defendido la aplicación de sanciones "máximas" a la empresa de hasta 125.000 euros, el 5 por ciento del importe del contrato, si el informe de estabilidad laboral encargado revela incumplimientos a este respecto, y se ha mostrado partidaria de la rescisión si así se plantea desde los servicios jurídicos municipales.

Por su parte, el portavoz del PP, Gerardo Oliván, ha defendido la propuesta planteada por su grupo y no ha descartado la posibilidad de "rescatar" el servicio para promover una "gestión indirecta" del mismo si finalmente se produce la rescisión con FCC.

Oliván ha rechazado el planteamiento del PSOE y CHA, subrayando que "pretender que el ayuntamiento se subrogue el personal de FCC es ilegal, y el hecho de que no hayan sido capaces de modificar su propuesta es una irresponsabilidad que sorprende".

En respuesta a las críticas, el portavoz del PSOE, Fernando Gállego, ha admitido que la subrogación es un proceso "complejo", pero ha insistido en que podría haberse llevado a cabo con "voluntad política".

El edil socialista, partidario de la rescisión, ha subrayado de que "la realidad es que la situación va seguir siendo la misma porque FCC es una empresa incumplidora a la que muy poco le importan las directrices que se le marquen desde el ayuntamiento".

Desde el equipo de gobierno se ha advertido que una rescisión sin el apoyo de los servicios jurídicos del consistorio podría originar una reclamación de indemnizaciones por vía judicial que podría gravar las arcas municipales.