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Urbanismo

Montanuy solo cambiará el plan urbanístico si la DGA garantiza las obras para ampliar Cerler

El Ayuntamiento acaba de recurrir la sentencia que anuló el PGOU, pero deberá esperar al menos tres años al fallo del Supremo

Mª José Villanueva 09/04/2014 a las 06:00
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Nevada en Cerler este martes

El Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Montanuy están dispuestos a desbloquear la ampliación de Cerler, sin tener que esperar como mínimo tres años a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados contra la sentencia que anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), diseñado para llevar las pistas de esquí hasta el valle de Castanesa.

Una de las posibilidades es empezar de cero, es decir, volver a tramitar el PGOU, pero el Ayuntamiento no está dispuesto hasta que «la otra parte demuestre su voluntad de que realmente tiene intención de llevar adelante la ampliación de las pistas, porque, de lo contrario, no lo necesitamos, con las normas urbanísticas provinciales nos apañamos», declaró el alcalde, José María Agullana. «No depende de nosotros solos», añadió, recordando que desde la aprobación en 2008, los suelos no se han desarrollado.

Sin plan urbanístico, los terrenos recalificados como urbanizables dejarían de serlo. Aramón compró 180 hectáreas, con un coste de 20,9 millones de euros, para poder pagar con las plusvalías del desarrollo urbanístico la ampliación de Cerler, pero de momento la crisis ha impedido cualquier operación. Además, el PGOU se blindó para ligarlo al proyecto de esquí, una exigencia del Ayuntamiento para evitar movimientos especulativos y forzar la extensión del dominio esquiable como motor económico del municipio.

La institución local ha sido la última en presentar el recurso, ya que solicitó una aclaración del fallo emitido en febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Antes ya lo hicieron la DGA y el grupo de la nieve participado por Ibercaja y la DGA. Se fundamenta, entre otras cosas, en que el tribunal tomó una decisión «desproporcionada» al declarar la nulidad de pleno derecho de todo el plan, sin haber resuelto todas las cuestiones controvertidas, según el asesor legal de Montanuy, Javier Gonzalo Migueláñez, quien dijo que habrá que esperar unos tres años para dilucidar quién tiene la razón judicial.

Por ello, Montanuy no renuncia a repetir la tramitación llevando a cabo el estudio de evaluación ambiental del PGOU (el proyecto de ampliación sí lo tiene), cuya omisión motivó la anulación judicial. Considera que es subsanable y se puede retomar. La sentencia, recordó Gonzalo, no dice que el plan causa un perjuicio al medio ambiente sino que, según la trasposición de una directiva europea, debió redactarse un estudio de evaluación.
La única condición que pone el Ayuntamiento es que la DGA demuestre su voluntad de hacer una mínima parte del proyecto y dé salida a la estación de Cerler por el valle de Castanesa. El consejero de Presidencia ya adelantó en las Cortes el 27 de febrero que debe redimensionarse, renunciando a los millonarios edificios diseñados por Norman Foster.


De momento, no hay un proyecto concreto, pero sí algunas ideas. La alternativa pasa por utilizar una pista forestal, de unos 8 kilómetros, para comunicar Fonchanina, el último pueblo del valle, con las bordas de Castanesa. De aquí partiría el nuevo remonte (se ha pensado en reutilizar la telecabina de Aramón en la Expo) para conectar con la última pilona del dominio esquiable de Cerler en el collado de Basibé, que está en el término de Montanuy. El frente de nieve se ampliaría con una pista de descenso de unos dos kilómetros hacia el valle de Castanesa.

La pista forestal tiene el aval ambiental del anterior proyecto porque se concibió como vía de evacuación. Ahora serviría de acceso, descartada la telecabina de Foster de 70 millones de euros, sustituida por otro remonte de menor recorrido y más barato. Todo ello permitiría abrir la ansiada entrada hacia Cerler desde la N-260 y la N-230, por donde cada fin de semana circulan miles de esquiadores hacia el valle de Arán.

El PIGA caduca en septiembre

El inicio de las obras, aunque mínimas, también permitiría mantener la vigencia de la declaración de Proyecto de Interés General (PIGA), aprobada en 2010 y que obligaba a iniciar los trabajos antes de dos años para evitar repetir la evaluación ambiental. Ya se prorrogó en 2012 y en septiembre caduca de nuevo.








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