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Huesca

Cáritas detecta 25 infraviviendas con más de 400 temporeros en cuatro localidades de Huesca

Viven apiñados en tiendas de campaña o casetas abandonadas, en localidades como Albalate de Cinca, Belver de Cinca, Zaidín y Fraga.

Patricia Puértolas. Huesca Actualizada 24/10/2015 a las 06:00
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Infraviviendas de temporeros.Cáritas

Las cifras son demoledoras. En la última campaña frutícola, Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón ha contabilizado 25 infraviviendas ocupadas por 415 temporeros, que duermen en casetas abandonadas, almacenes agrícolas o tiendas de campaña a la intemperie. Y eso que el informe solo ofrece datos de cuatro municipios del Bajo Cinca y el Cinca Medio (se calcula que estas comarcas emplean a unos 5.000 temporeros). De ellos, tres han sido estudiados en profundidad (Albalate, Belver y Zaidín) y otro, de forma superficial (Fraga).

Así lo explicó ayer el director de Cáritas Barbastro-Monzón, José Luis Escutia, que, además de presentar los resultados del estudio, denunció la "absoluta dejación de funciones" de la administración, a la que acusó de conocer la "grave" situación social existente y "mirar hacia otro lado". A su lado, estuvieron el responsable de Inmigración de UGT Aragón, Antonio Ranera, y el trabajador social de Cáritas, Iván Bitria, que, junto a un mediador cultural, es el autor del informe redactado, que tiene el objetivo de estudiar la situación y cubrir las necesidades más urgentes.

De las 25 infraviviendas, el mayor número se localizó en Zaidín (16) y en ellas, fueron contabilizados 165 temporeros. En Albalate de Cinca, fueron halladas cuatro con 80 inmigrantes y en Belver, dos con 60. En Fraga, el tanteo inicial permitió encontrar tres con 110 temporeros. De los 415 inmigrantes, fueron atendidos 213, ya que el resto "se mostraron reacios a hablar con nosotros y aceptar nuestra ayuda", explicó Bitria.

En su opinión, este dato resulta "comprensible" al saber que la mayoría llevan varias campañas trabajando para el mismo empresario. Del conjunto de asentamientos, la mayoría se corresponden con espacios repletos de tiendas de campaña, cubiertos o a la intemperie, en los que los inmigrantes carecen de cualquier servicio como sanitarios, agua o luz. Otros se corresponden con almacenes agrícolas o edificios en desuso, en los que pueden concentrarse hasta 30 personas.

Según Escutia, se trata de auténticas infraviviendas, que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, lo que "pone en riesgo la salud e, incluso, la seguridad de los temporeros, ya que algunos espacios cuentan con estructuras muy deterioradas, que podrían derrumbarse, o con ventanas enrejadas, lo que resultaría fatal en caso de incendio".

De acuerdo al estudio, la media de edad es de 35 años y de ellos, un alto porcentaje procede de África. Aunque fueron contabilizadas doce nacionalidades distintas, los países de origen más predominantes son Mali (50%) y Senegal (24%). El 64% cuenta con permiso de residencia y trabajo. Ahora bien, de los 213 entrevistados, solo 49 estaban trabajando y de ellos, únicamente 14 (28,6%) lo hacían con contrato.

Del conjunto, las quejas más destacadas han estado relacionadas con salarios por debajo de convenio así como por la cotización de un número de horas menor a las reales. Además, Cáritas realizó varias intervenciones, entre ellas, repartió 197 lotes de alimentos, 101 de higiene personal y limpieza, 145 de ropa y calzado, 15 de medicamentos así como 75 mantas y sacos de dormir. De igual modo, se ofrecieron servicios de transporte y acompañamiento.

En total, sin contar el trabajo de los voluntarios, el proyecto desarrollado ha supuesto una inversión de 36.400 euros, 20.000 financiados por la secretaría de Inmigración del Ministerio de Trabajo. En 2014, ya tuvo lugar un estudio menor, que, al igual que ahora, fue puesto en conocimiento de todas las administraciones, entre ellas, ayuntamientos y comarcas, de las que no se obtuvo respuesta.

Por ello, Escutia insistió ayer en recordar que deberían actuar de oficio contra las situaciones denunciadas y, al mismo tiempo, ejercer sus competencias en materia de servicios sociales.







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