El Grupo del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes ha instado al Ejecutivo autonómico a que se dirija a la Administración central y reclame continuidad presupuestaria para concluir los trabajos de descontaminación pendientes en los suelos afectados por los vertidos de la empresa Inquinosa.

Así, ha pedido al Gobierno de Aragón, a través de una proposición no de ley, que se dirija al Gobierno central y reclame la continuidad de la colaboración presupuestaria para ejecutar, una vez finalizado el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, las actuaciones pendientes. Entre ellas, se incluye el traslado de los residuos hasta la celda de seguridad y la clausura del actual vertedero de Bailín.

El Grupo del PAR ha indicado que "existe una indudable subsidiariedad del Gobierno central, dado que la mayor parte de la actuación industrial que causó los vertidos se produjo cuando las competencias en Industria y Medio Ambiente no estaban transferidas a la Comunidad Autónoma".

El PAR ha recordado que hace algunas décadas, la actividad industrial de Sabiñánigo  ocasionó algunos episodios de contaminación de suelos, en épocas en las que no existía normativa ni prácticas adecuadas, y cuando todavía no estaban transferidas a Aragón las competencias sobre industria y medio ambiente y, por tanto, eran ejercidas por la Administración General del Estado.

Como consecuencia de ello, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y el Ministerio en Madrid firmaron un convenio para ejecutar conjuntamente los trabajos necesarios para la solución definitiva al antiguo vertedero de la empresa Inquinosa en Bailín, Sardas, los suelos de la antigua fábrica y otros puntos aislados.

INVERSIONES Y ACTUACIONES PENDIENTES

Hasta el año 2012 las actuaciones realizadas dentro del convenio firmado suponían una inversión de 28,6 millones de euros, de los que 15,6 los aportaba el Gobierno de Aragón y 13 millones el Gobierno central. De esa manera se reforzaban los trabajos de control y descontaminación que se venían acometiendo y se daba respuesta a lo previsto en la declaración de impacto ambiental del año 1995, han apostillado desde el PAR.

Las nuevas obras han consistido principalmente en la construcción de un depósito de seguridad definitivo para albergar los residuos de menor peligrosidad con las máximas garantías ambientales, mientras que aquellos otros que requieren técnicas distintas a las de eliminación en vertedero, han de ser extraídos y transportados fuera de la Comunidad Autónoma.

Para todo ello, "es muy importante", ha subrayado el Grupo Parlamentario del PAR, que las actuaciones pendientes cuenten con más aportación presupuestaria del Gobierno central y se realicen en el plazo más breve posible.