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Más de 300 inmigrantes se concentraron ayer delante de la sede de la Subdelegación del Gobierno en Huesca para denunciar los problemas que según afirman padecen en la oficina de extranjería de la capital oscense para tramitar su documentación.

La manifestación, convocada por la Asociación Buena Amistad y que estaba autorizada, comenzó a las 11.00 frente a la Oficina de Extranjería en la avenida de Martínez de Velasco, y recorrió la avenida de Juan XXIII para llegar hasta al plaza de Cervantes. Discurrió sin incidentes y terminó a las 12.00 con la intervención de algunos de los participantes a través de megafonía.

Los manifestantes, entre los que había inmigrantes de Huesca, Monzón y Barbastro, portaron pancartas con lemas como 'La Oficina de Extanjería es pública, no es privada', 'Basta ya de errores voluntarios' o 'Los inmigrantes nos somos la crisis'. Asimismo, corearon consignas reclamando un trato "justo, flexible y humano" porque "pagamos recibos y tenemos los mismos derechos".

Según dijeron, el trato que reciben por parte de este servicio es "denigrante", por lo que algunos prefieren realizar sus trámites en Lérida o Zaragoza. Entre las situaciones que los inmigrantes denunciaron está la exigencia de presentar papeles en un tiempo récord o la petición del pasaporte antiguo, "que no podemos obtener porque se lo quedaron en nuestro país", dijo Rachida Habz, presidenta de la Asociación de Emigrantes de Marruecos de Barbastro. Lakhdar Delaki, presidente de la asociación Buena Amistad, añadió que los portavoces de los distintos colectivos se reunirán para canalizar las quejas ante la Subdelegación del Gobierno. Ayer animaron a "preguntar, hablar y denunciar".

Ramón Zapatero, subdelegado del Gobierno en Huesca, precisó el viernes que en 2009 Extranjería realizó 19.597 atenciones, presenciales o por teléfono, "y solo recibimos una reclamación". Indicó que responsables de la subdelegación se reunieron con la asociación y les pidieron que concretaran sus quejas. "No pudieron acreditar ningún caso", añadió Zapatero, que aclaró que "nuestra obligación es cumplir la ley" . Si no se está de acuerdo con las resoluciones, "se puede impugnar por vía administrativa y judicial".