En ruinas, en obras o a punto de desaparecer. Es la situación que atraviesan algunas de las 42 casas cuartel en las que trabajan y residen los más de 1.000 agentes que forman el cuerpo de la Guardia Civil de la provincia de Huesca. La reubicación temporal en otros espacios pasa por convertirse en la única solución viable mientras las obras de reforma de los acuartelamientos originales o la construcción de nuevos inmuebles se convierte en un auténtico caballo de batalla para los ayuntamientos que puede llegar a prolongarse durante años. Este escenario, que desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) definen como "un problema endémico de la profesión", se repite de forma similar en casi todas las comarcas altoaragonesas, si bien, en la actualidad y tras largas reivindicaciones, la mayor parte de los cuarteles parecen estar en camino de normalizar su situación. De hecho, Carlos Crespo, teniente coronel de la Comandancia de Huesca, declaró durante la celebración del 164 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, el pasado mes de mayo, que el Ministerio de Defensa trata de rehabilitar cada año un 10% del total de los cuarteles provinciales.

Uno de los casos más recientes es el del cuartel de Almudévar, en la Hoya, que el pasado verano fue demolido tras ser declarado en ruinas por el hundimiento de su tejado. Desde entonces, sus cinco agentes trabajan desde el acuartelamiento de Tardienta a expensas de que finalicen las obras de acondicionamiento del antiguo Parque de Bomberos para convertirlo en la nueva sede de la Guardia Civil.

Los trabajos, que se prevé finalicen en menos de un mes, cuentan con un presupuesto de más de 100.000 euros asumido por el propio consistorio que, no obstante, manifestó su intención de "solicitar alguna subvención". En otros casos, las decisiones no se tomaron con tanta premura. Algunas de las situaciones más desesperantes han sido las protagonizadas por los cuarteles de Alcolea de Cinca, Benabarre o Ansó. En el último caso, este municipio jacetano debió esperar 18 años hasta lograr estrenar un cuartel después de que un incendio asolara el edificio original en 1988. Fue el final del inmueble y el inicio de una larga lucha por parte del consistorio para conseguir nuevas instalaciones y más refuerzos.

Cerrado hace 13 años

Algo similar ocurrió en Benabarre -Ribagorza- que hace 13 años cerró su cuartel por ruinas y debió reubicar a sus siete agentes en dos viviendas de alquiler y en un pequeño despacho cerca de la plaza Mayor. Una situación que, según lamenta su alcalde, Alfredo Sancho, supone "un importante desembolso de dinero al año". En su caso, aún no han podido abrir la nueva base de la Benemérita, pero parece que el final de esta precaria situación está cerca dado que, según asegura Sancho, "la obra va muy rápida, seguramente esté acabada para el próximo otoño, y estamos muy satisfechos de cómo se está desarrollando aunque es Interior quien lleva su control".

Con la nueva instalación se ampliará la plantilla de agentes para cubrir la vigilancia de toda la Ribagorza oriental hasta el valle de Arán y su comunicación con Francia. Y ello gracias a que hace dos años la financiación de su proyecto -772.000 euros- fue aprobada por el Ministerio de Interior convirtiéndose, junto al cuartel de Tamarite, en las dos únicas localidades aragonesas con instalaciones con cargo a los Presupuestos Generales de 2007.

Precisamente, esa partida del Gobierno central fue motivo de polémica en el Ayuntamiento de Alcolea de Cinca al ser interpretada por su alcaldesa, Mónica Lanaspa, como una discriminación para su municipio dado que el Ejecutivo no habría cumplido con el compromiso adquirido por el anterior gobierno del PP. Este eligió incluir al Ayuntamiento alcoleano dentro de los Presupuestos de 2005 para la creación de nuevas dependencias. Lanaspa lamentó entonces que, según le indicaron desde la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento tendría que esperar hasta 2011 para financiar su nuevo cuartel, después de que se gastara "un dinero en los terrenos" y en los alquileres de las oficinas donde la Guardia Civil trabaja desde hace 10 años y que están ubicadas en un edificio de viviendas particulares.

Con ayuda municipal

El tercero en discordia, el municipio de Tamarite, se encuentra inmerso en los trabajos para la construcción del nuevo cuartel, que se levantará en un terreno de unos 1.200 metros cuadrados y que a finales de año tendrá el 90% de su estructura finalizada con arreglo a la citada partida de Defensa de más de un millón de euros. Mientras, la decena de guardias civiles allí adscritos llevan 15 años prestando sus servicios en una oficina de la casa consistorial y residiendo en apartamentos cedidos, desde que la sede original fuera declarada en ruina y las sucesivas corporaciones municipales solicitaran el nuevo inmueble.

De histórica puede calificarse también la demanda de otra localidad del Cinca Medio. Desde 1993, Monzón pide nuevas instalaciones para la Benemérita dado que el cuartel actual reúne el mínimo de condiciones para trabajar pero es "deficiente", en palabras de su alcalde, Fernando Heras. Una demanda que se dilató durante 14 años en que los tres ediles de distinto signo político que ocuparon la alcaldía solicitaron la ampliación de esta base, así como una mayor dotación de agentes para atender a una población que fue creciendo hasta llegar casi a los 17.000 habitantes.

Finalmente, en 2004 y tras el cambio de Gobierno central, Heras volvió a reclamar las reformas y según anunció, en la actualidad existe un compromiso firme por parte del delegado del Gobierno para realizar un nuevo edificio que probablemente esté terminado en 2009 y que contará con 16 viviendas, 4 más que el actual.

Comparativamente, la comarca de Los Monegros se encuentra en una situación algo más cómoda. En Sariñena, otra localidad que emprendió la negociación para renovar su cuartel hace 4 años, el Ayuntamiento aprobó finalmente hace unos días la adjudicación para la rehabilitación parcial del edificio, ubicado en la avenida de Huesca. El importe total de la actuación alcanza los 50.000 euros, aportados por la Diputación de Huesca. Según la alcaldesa, Lorena Canales, las obras se emprenderán "de forma inmediata" con la remodelación de las dependencias del edificio que en estos momentos se encuentran ocupadas por una plantilla de 12 agentes. Canales explica que estas obras van a permitir "la renovación total de un pabellón con obras en los baños, cocina, instalación eléctrica, fontanería y carpintería. Se bajará el techo de otros seis pabellones, se sustituirán bajantes y aguas residuales hasta la red general, se incluirá además la sustitución de puertas y ventanas de un pabellón ocupado y se pintará el exterior e interior del acuartelamiento".

El gran número de cuarteles dispersos, con la consiguiente necesidad de múltiples inversiones para su mantenimiento parece ser la clave del problema. A su vez, y dado que esas inversiones deben estar contempladas en los Presupuestos del Estado, los Ayuntamientos "no quieren invertir porque no son de su propiedad y entienden que es un dinero que se pierde, a pesar de que en realidad son ellos los beneficiados", explica Ramón Fernández, ex secretario de la delegación de Zaragoza y Huesca de la AUGC. En su opinión, la única solución pasaría por la "centralización a nivel comarcal de todos los acuartelamientos, eliminando los pequeños diseminados por la provincia y pasando a unidades grandes tipo comisaría".

Mejor servicio

Esta unificación reduciría gastos y evitaría, además, la ocupación de agentes en labores de vigilancia de las dependencias, ganando efectivos para servicios como el de patrulla. "Siempre que hablo con algún alcalde le digo que más que tener un cuartel con 3 ó 4 guardias, le interesa que en 10 minutos se le presente una patrulla con posibilidad de intervenir. Si tienes a un funcionario cuidando el cuartel no lo tienes en la calle, que es donde hace falta, y así pasa lo que pasa, que a veces tardan media hora en acudir". No obstante, esta potencial solución encuentra un gran obstáculo: la oposición de los propios Ayuntamientos a que se lleven los cuarteles dado que "creen que su población perdería protagonismo y no hay ningún alcalde que se quiera apuntar 'el mérito' de perder el cuartel de su pueblo".

Otra de las reivindicaciones de la AUGC es lograr la separación entre viviendas y dependencias oficiales. "Producen un efecto negativo en la vida de los guardias. En sí mismo, vivir en un cuartel es un problema porque siempre estás trabajando y para sus familias la situación no es buena porque, por ejemplo, los niños pueden estar jugando en el patio y ver a los detenidos entrando al cuartel". A pesar de la dificultad de cambiar el planteamiento de una institución tan implantada, según asegura Fernández, en otras partes de España ya se está apostando por la renovación. En Aragón, está a punto de crearse la primera unificación entre los cuarteles de Casetas y Utebo, que por poco tiempo ya continuarán poseyendo dos unidades de Guardia C ivil diferenciadas, algo que Fernández califica de "ridículo dado que estos municipios están apenas a unos 5 kilómetros de distancia".