"Es la primera batalla en un guerra que es larga y no está dicha la última palabra". El concejal Luis Arduña, que lidera el proceso de remunicipalización de las grandes contratas en el Ayuntamiento de Huesca, confirmó ayer que se va a recurrir ante el Contencioso la resolución del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) que anula la encomienda que el gobierno municipal (PSOE-Cambiar-Aragón Sí Puede) hizo a la empresa pública Grhusa para que asumiera la gestión del servicio de limpieza viaria, que hasta el 30 de junio de este año prestó FCC, y a los 25 trabajadores de esta compañía.

Tras estudiar la resolución, los servicios jurídicos del Ayuntamiento (internos y externos) consideran que "no se ha vulnerado ningún precepto de ninguna ley sino que se trata más bien de una cuestión doctrinal de interpretación del Derecho Comunitario". Asimismo, entienden que, aunque está muy bien trabajado, "hay argumentos suficientes para cuestionar el dictamen de este organismo administrativo".

Los técnicos municipales tienen un plazo de dos meses para presentar el contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Solicitarán la suspensión cautelar de esta disposición mientras se resuelve el recurso, de forma que el servicio de limpieza viaria se seguirá prestando en las mismas condiciones que desde el 1 de julio, cuando Grhusa asumió la gestión.

El Tacpa estimó el recurso presentado por el Partido Popular tras el acuerdo del pleno del 31 de mayo de 2017 para aprobar la encomienda, con los votos en contra de los populares y de Ciudadanos, y que según, el PP, ignora los principios constitucionales de acceso al empleo público.

El alcalde de Huesca, el socialista Luis Felipe, y Luis Arduña se reunieron ayer al mediodía con los servicios jurídicos para analizar la resolución del Tacpa que declara la nulidad de la decisión plenaria "por ser contraria a la normativa de contratación pública" y "esconder una adjudicación directa de un contrato público". Según el concejal, "nos dicen que el dictamen se asienta más en bases teóricas y jurisprudencia europea que en la vulneración de una norma concreta". "Hay diversas cuestiones que los técnicos consideran que son impugnables", añadió.

Arduña confía en que los tribunales den la razón al Ayuntamiento de Huesca porque la importancia del asunto va más allá de los reproches entre el gobierno municipal y la oposición, ya que se trata de "un servicio público que se ha conseguido recuperar". La remunicipalización de la limpieza viaria, privatizada hace cuatro años, así como de otras contratas del Ayuntamiento es uno de los compromisos recogidos en el pacto de gobierno firmado por las tres fuerzas políticas para este mandato.

Reunión con trabajadores

Luis Arduña se reunirá hoy con los trabajadores que pasaron de FCC a Grhusa como ‘indefinidos no fijos’. Su portavoz, José Luis Bartolomé, señaló ayer que en los últimos tres meses las reuniones con el concejal han sido frecuentes. "Estábamos al tanto del recurso de PP y sabíamos que esto podía ocurrir", aseguró.

Precisamente, el pleno municipal debatió ayer sobre el recurso de reposición interpuesto por Ciudadanos contra el acuerdo del 31 de mayo que aprobó la encomienda de gestión, rechazado con los votos a favor del gobierno municipal.

El PP preguntó si, tras la resolución del Tacpa, podía el tripartito votar en contra el recurso de reposición sin contravenir la ley. A esto, el secretario del Ayuntamiento de Huesca contestó que "si hubiera una sentencia firme se cometería prevaricación, pero se trata de un tribunal administrativo y de un dictamen que puede recurrirse".

Al término de la sesión, el portavoz del PP preguntó al alcalde qué pensaba hacer para ejecutar el acuerdo del Tacpa y por qué no suspendió el proceso el 14 de junio, cuando los populares comunicaron la interposición del recurso ante el Tribunal. También requirió a Luis Felipe sobre la decisión que se tomará el 31 de diciembre próximo, cuando acabe la encomienda ahora anulada.

Oliván planteó hasta siete preguntas relativas a la primera fase de remunicipalización (el 50% debe acometerse el 1 de enero de 2018) que el alcalde se comprometió a responder por escrito.