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Huesca

La acusación particular pide que el joven que arrolló al guardia civil en Barbastro lleve pulsera localizadora

El plazo de internamiento provisional se ha agotado. El abogado de la familia de la víctima dice que era "previsible y evitable".

M. José Villanueva Actualizada 01/12/2016 a las 20:48
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Foto de archivo de una concentración de condena en Barbastro.José Luis Pano

El 4 de diciembre, Abraham G. N. saldrá del centro de menores donde permanece recluido desde marzo, a pesar de que acaba de ser condenado a seis años de internamiento por la muerte del guardia civil José Antonio Pérez en un control de alcoholemia en Barbastro.

La acusación particular, ejercida por la familia del agente de Tráfico, ha solicitado este jueves que el acusado deba portar una pulsera de localización cuando sea puesto en libertad. Asimismo, han solicitado que el menor no vuelva a casa y permanezca en un centro de menores bajo la tutela de la DGA.

La defensa anunció su intención de recurrir la sentencia ante la Audiencia de Huesca. Así pues, el fallo no es firme, y agotados los nueve meses de la medida cautelar de reclusión provisional, la Ley del Menor obliga a ponerlo en libertad. El chico tenía 17 años cuando cometió los hechos, aunque ya ha cumplido 18.

La acusación particular considera que esta situación no deseada era "previsible y evitable", dado que los plazos procesales están marcados. A los seis meses de la instrucción, la Fiscalía solicitó ampliar el internamiento provisional en tres más, pero no cabe más prórroga.

"La familia de la víctima no comparte esta situación", dijo el letrado Mariano Tafalla. Ahora, añadió, "hay que poner un parche". Él pedirá una serie de medidas, previstas en la Ley del Menor, para "atender el cumplimiento de la sentencia, evitar el riesgo de fuga y hacer que el acusado pueda seguir el proceso de socialización que ha comenzado", declaró.

La abogada defensora de Abraham anunció su intención de recurrir la sentencia porque, señaló, "la familia del chico quiere quemar el último cartucho". Cristina Dolcet precisó que, aunque saldrá a la calle, tendrá una libertad vigilada, con medidas de control judicial.

En la apelación ante la Audiencia insistirá en que la muerte del agente de Tráfico se debió a una imprudencia y que no hubo intención de matar. Según la sentencia dictada el pasado día 25 por la juez de menores de Huesca, el acusado "era consciente de que el vehículo lo conducía casi a ciegas", con "un manifiesto menosprecio" por la vida del agente.







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