El Congreso pide al Gobierno que no cierre el cuartel Sancho Ramírez de Huesca

Consideran que sería perjudicial para la economía de Huesca.

Cuartel Sancho Ramírez en Huesca
Cuartel Sancho Ramírez, Huesca
Defensa

El Congreso ha aprobado este jueves una proposición no de ley presentada por el grupo socialista que insta al Gobierno a mantener en funcionamiento el cuartel militar Sancho Ramírez de Huesca, cuyo cierre estaba previsto durante este año.


La iniciativa, impulsada por el diputado socialista por Huesca Gonzalo Palacín, ha salido adelante con 18 votos a favor -PSOE y Ciudadanos-, 15 en contra -PP- y 8 abstenciones de Podemos.


Según Palacín, Huesca albergó en el pasado a más de 3.000 militares en los tres cuarteles ubicados en la ciudad, pero el cierre del Alfonso I el Batallador y la Merced, antigua sede del gobierno militar, dejó al Sancho Ramírez como único acuartelamiento.


El cierre del cuartel y el traslado de la unidad que alberga a Zaragoza produciría que trescientas familias abandonen la ciudad, con un impacto en la economía de Huesca que el PSOE cifra en más de ocho millones de euros al año.


Además, el desmantelamiento del Sancho Ramírez vendría unido al cierre de otros dos campos de tiro ubicados en los municipios de Fornillos e Igriés.


Palacín ha afirmado que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, está actuando con "total opacidad" y que las razones para el cierre del cuartel no se sostienen ni por "los criterios de planificación ni por los costes de mantenimiento".


Ha hecho hincapié en que el traslado del cuartel a Zaragoza no supondría "ningún ahorro", sino que además produciría un coste adicional de casi tres millones de euros.


El diputado del PSOE ha desglosado esta cifra aproximada en los 1,8 millones de euros que supondría la construcción de un edificio en Zaragoza para dar cabida a la unidad, los 1,3 millones de euros en compensaciones económicas a los militares reubicados y una cantidad entre 500.000 y 700.000 euros que se destinarían para el desmantelamiento del Sancho Ramírez.


Además, ha acusado a Morenés de no haber respondido a las solicitudes del alcalde de Huesca ni del Gobierno de Aragón para obtener información sobre una hipotética redistribución de los militares del acuartelamiento.


El PSOE ha rechazado las enmiendas que han presentado En Marea y Ciudadanos, que pedían un debate más profundo sobre el modelo militar de España y llevar a cabo un plan de viabilidad y de infraestructuras para las Fuerzas Armadas.


Jorge Luis Bail, diputado de Podemos por Huesca, ha señalado que la racionalización del Ejército no pasa por aumentar la acción exterior, sino por anticiparse a los conflictos para no matar después "moscas a cañonazos".


El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Comisión de Defensa, Francisco Javier Hervías, ha acusado al Gobierno de "improvisar y poner parches" en la gestión del desmantelamiento del cuartel.


El PNV ha apuntado que, pese a que les parece "loable" la iniciativa del PSOE, les hubiese gustado más que estuviese enfocada en la búsqueda de alternativas, en vez de pedir únicamente que el cuartel se mantenga abierto.


El diputado de ERC Joan Olóriz ha afirmado que las Fuerzas Armadas se encuentran aún entre "el viejo ejército, que cumple una medida de control social, y el nuevo".


"A las familias no se les da otra alternativa que el ordeno y mando", ha asegurado Olóriz, que también ha señalado que, en esta sociedad, el Ejército "necesita medios y también argumentos".


Por su parte, el portavoz adjunto del PP en la Comisión, Eduardo Fernández, ha negado su apoyo a la iniciativa y ha defendido a Morenés de las acusaciones de "opacidad" en su gestión.


"Si es tan opaco, ¿cómo es posible que haya habido tanto movimiento social en Huesca, si nadie se ha enterado del cierre del cuartel?", ha cuestionado.


Fernández ha insistido en que los otros grupos cometen "un error en el tiempo verbal" en las críticas hacia Morenés, porque las "decisiones se tomaron en la pasada legislatura y ahora estamos en una nueva".

"No es una decisión que el ministro toma, es una decisión que el ministerio tomó", ha justificado Fernández.


Además, ha opinado que existe "una paradoja" porque, a su juicio, "hay algunos que se oponen a las instalaciones militares dos veces: la primera, cuando se establecen, y la segunda, cuando se cierran. Todo viene bien para criticar al Gobierno".


Además, ha atacado la gestión de las Fuerzas Armadas de anteriores gobiernos socialistas y ha señalado con ironía que cuando cierra un cuartel el PSOE es "por motivos de eficiencia" y cuando lo hace el PP "no es más que un intento deliberado de dañar el tejido económico de la ciudad".

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