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Huesca

El Ministerio deja caducar la reversión del salto de Lafortunada, que seguirá en manos privadas

El expediente se archiva al transcurrir 18 meses sin que la administración haya sido capaz de dictar una resolución. Endesa explota esta hidroeléctrica con una concesión extinguida desde 2007.

M José Villanueva. Huesca Actualizada 27/01/2016 a las 19:07
Instalaciones de la central hidroeléctrica de Lafortunada.Heraldo

La central hidroeléctrica Lafortunada-Cinqueta, una de las de mayor producción del Pirineo, seguirá en manos de Endesa y no se devolverá al Estado. Al menos, de momento. La razón es que al Ministerio de Medio Ambiente se le han pasado los plazos. Transcurridos 18 meses desde el inicio del expediente de reversión no ha conseguido dictar una resolución, por lo que la ley le obliga a archivarlo.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en los ayuntamientos de Tella-Sin y Plan, que esperaban compartir los beneficios con la Confederación Hidrográfico del Ebro (parte de las instalaciones están en terrenos municipales), una vez se diera por extinguida la concesión del caudal de 12.000 litros por segundo y la instalación, de 40.000 kilovatios de potencia, pasara a manos públicas. Se calcula que cada año genera una producción valorada en 4 millones de euros.

Al mismo tiempo, se abren muchos interrogantes sobre otras reversiones pendientes, como las de las centrales de Urdiceto y Barrosa, en el municipio de Bielsa, también en la comarca de Sobrarbe, que caducan en 2016. Hasta ahora solo se ha ejecutado una, la del salto de El Pueyo de Jaca, que gestiona desde el 1 de agosto de 2013 la CHE y en virtud de un convenio con los ayuntamientos de Panticosa y El Pueyo de Jaca permite ofrecer energía más barata a los vecinos.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente comunicó a los ayuntamientos a través de la Confederación una resolución por la cual declara la caducidad del expediente para la extinción del derecho de aprovechamiento de aguas del río Cinqueta con destino a usos industriales, "al haber transcurrido el plazo máximo de 18 meses establecido para resolver y notificar el expediente de extinción", tal y como establece la Ley de Aguas. El procedimiento se inició a instancias del anterior presidente de la CHE, Xavier de Pedro, ya que había transcurrido el plazo máximo de concesión, 75 años. De hecho, está cumplido desde 2007.

Medio Ambiente ha devuelto el expediente a la Confederación para que archive las actuaciones, aunque le deja la puerta abierta para que proceda a incoar uno nuevo para declarar la extinción de la concesión. Además, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo contra el archivo. Fuentes de la CHE indicaron que se tramitará uno nuevo porque se mantiene el objetivo de la reversión, aunque no pudieron aclarar el motivo de la caducidad, ya que es el Ministerio el que resuelve en este caso dada la dimensión del salto.

De momento, los ayuntamientos ya lo han solicitado formalmente y han pedido el acceso a la documentación para saber exactamente por qué en año y medio la administración no ha sido capaz de resolver un asunto que redundaba en beneficio de las instituciones públicas. Desconocen por cuánto tiempo Endesa podrá seguir explotando la central, pese a tener caducada la concesión. La compañía declinó hacer cualquier comentario sobre este aprovechamiento, para el que solicitó una prórroga hasta el 2061.

La tramitación del expediente se inició el 18 de julio de 2013. Un año después, todas las partes habían comparecido en el proceso y la resolución solo estaba pendiente del dictamen del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, sin carácter vinculante. La Abogacía del Estado informó favorablemente la extinción del aprovechamiento hidroeléctrico y la reversión al Estado de los derechos, bienes e instalaciones, señalando que no había ningún obstáculo legal, ya que ni Endesa discutía la caducidad de la concesión, aunque pidiera una prórroga como compensación por la desaparición de los saltos ligados al embalse de Jánovas. También se opuso a la petición de la eléctrica de no tener que realizar reparaciones porque la legislación de hace 75 años imponía la devolución en buen estado de todos los elementos. En cuanto a las demás alegaciones, los ayuntamientos, la Diputación y la DGA apoyaron la reversión, que al final se ha frustrado por una cuestión de plazos.







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