El Gobierno de Aragón y Aramón respaldarán el proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler y de desarrollo urbanístico del valle de Castanesa si el ayuntamiento de la zona afectada, Montanuy, acuerda revisar el Plan General de Ordenación Urbana anulado por el Tribunal Supremo.

Así lo ha asegurado a los medios de comunicación la consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón, en respuesta a la sentencia hecha pública esta semana por el Tribunal Supremo que anula el referido plan urbanístico por carecer de estudio de evaluación de impacto ambiental.

Gastón, desplazada a Sabiñánigo para visitar las instalaciones industriales de Ercros, ha asegurado que la sentencia del Supremo se limita a reflejar la existencia de un "defecto de forma" en la tramitación del plan urbanístico, pero sin hacer referencia a ningún otro tipo de afecciones.

Ha explicado que el proyecto integral de infraestructuras de nieve de Aragón (PIVA) continúa vigente hasta el año 2020, por lo que, ha añadido, si el Ayuntamiento de Montanuy resuelve revisar el plan urbanístico con el preceptivo informe medio ambiental, tendrá el apoyo del Ejecutivo aragonés y de Aramón.

Según ha destacado, Aramón, a través de la sociedad Castanesa, sigue "trabajando" en el proyecto de inicial de ampliación de la estación de esquí, que, según ha advertido, "no depende de lo que diga la sentencia".

Ha subrayado que la intención última de Aramón es invertir en el proyecto "siempre que se mantenga la sostenibilidad económica y medioambiental" de la zona.

El plan urbanístico de la zona, aprobado en 2006, preveía la construcción de unas 2.500 viviendas en una zona por la que Aramón pagó a los propietarios alrededor de 21 millones de euros, proyecto ligado en cualquier caso a la ampliación de la estación de esquí.

La alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza, ha confirmado que el municipio mantiene su interés en un proyecto "en el que se ha trabajado durante 10 años y en el que queremos seguir trabajando si Aramón realmente demuestra una voluntad verdadera de invertir en la conexión de la estación".

La edil ha mostrado la disposición de su consistorio de elaborar un nuevo plan urbanístico ya que, según ha afirmado, del proyecto depende la "salvación" de un valle con un municipio del que dependen 17 pueblos que acogen entre todos durante el invierno unos 150 habitantes, el 65 por ciento de los cuales jubilados.

Ha destacado, además, que una gran parte de las viviendas proyectadas en el plan urbanístico que se pretende recuperar conformarían un núcleo poblacional próximo a las carreteras N-230 y N-260 que daría "vida" y posibilidades de futuro a la zona sin afectan a los núcleos del valle.

La alcaldesa ha subrayado que cuando se elaboró el Plan General de Ordenación Urbanística de la zona no se incluyó un estudio de impacto ambiental porque desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) se informó al municipio de que no era necesario.

Ha advertido, sin embargo, que en opinión de los expertos que intervinieron en la redacción del documento las "exigencias" medioambientales planteadas eran mayores de lo que exigía la legislación vigente ya que, ha añadido, "el cuidado de nuestro valle es importante para nosotros porque de él depende nuestra vida".