El fiscal pide prisión a una familia de empresarios de la zona de Binéfar por fraude
Se les condena a 8 y 3 años de cárcel por el fraude de un millón de euros a una empresa ganadera de otro socio.
El fiscal solicitará este miércoles en el Juzgado de lo Penal de Huesca penas de entre 8 y 3 años de prisión para los cuatro miembros de una familia de empresarios de la zona de Binéfar por un presunto fraude de un millón de euros a una empresa ganadera constituida con otro socio.
En su escrito provisional de acusación, el ministerio público culpa del supuesto fraude a un matrimonio de la zona y a sus dos hijos, a todos los cuales les responsabiliza, y en mayor grado al padre, de actuar con "ánimo" de enriquecimiento ilícito.
El principal acusado constituyó en julio de 1998 junto a un socio una compañía destinada al negocio de compra y engorde ganado que fue puesta a nombre de las esposas de ambos.
Los dos matrimonios realizaron cuantiosas inversiones mediante la contratación de crédito para garantizar el desarrollo de la actividad empresarial de la sociedad, en la que el acusado ejercía de administrador único.
Según la fiscalía, este acusado, a partir de 2009, simuló la celebración de múltiples juntas de la sociedad y efectuó múltiples actividades de venta y movimiento de animales a otras explotaciones que beneficiaron a una segunda sociedad participada exclusivamente por su familia.
Al parecer, este empresario descontó pagarés a favor de su empresa, entregó animales para abonar deudas propias y efectuó extracciones de capital de la sociedad compartida sin reflejarlas en la documentación contable.
En septiembre de 2009, tras detectar las entidades financieras diversas "irregularidades contables", los dos socios acordaron liquidar la cabaña ganadera para cubrir las deudas, pero el acusado, según el fiscal, destinó los recursos a cubrir deudas de su propia sociedad.
Unos pocos meses después, al no existir cabaña ganadera, las entidades financieras procedieron a actuar contra los socios avalistas.
El ministerio público estima en su escrito de acusación que el perjuicio creado para la sociedad constituida por el acusado y su socio asciende a un millón de euros.
El fiscal responsabiliza al principal acusado de presuntos delitos societario, administración fraudulenta y falsificación de documento mercantil y solicita penas que suman 8 años de prisión.
Para el resto de su familia, reclama penas de 3 años por un presunto delito societario de falsedad de cuentas.
El ministerio público solicita, además, para los cuatro acusados el pago de una indemnización de un millón de euros a su socio, como representante legal de la sociedad víctima del presunto fraude.
