CRISIS DE LA MINERÍA

Bono defenderá ante la UE el futuro del carbón

El consejero aragonés de Economía y Empleo y sus homólogos de Castilla y León y Asturias, se reunirán este lunes en Bruselas con la ministra polaca Mika-Bryska para plantear la reapertura del debate sobre el futuro del carbón.

El consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, en su despacho.
«Dejemos de hablar del ladrillo
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El consejero aragonés de Economía y Empleo, Francisco Bono, y sus homólogos de Castilla y León y Asturias, se reunirán este lunes en Bruselas con la ministra polaca Mika-Bryska para plantear la reapertura del debate sobre el futuro del carbón y permitir la supervivencia de las minas después de 2018.


El Gobierno de Aragón ha informado de que quiere aprovechar que Polonia ostenta la Presidencia Europea para poner sobre la mesa el futuro de la fuente energética.


Ya que ese país se ha manifestado "abiertamente" a favor de revisar la decisión de la Unión Europea que pone fin a las ayudas a la minería más allá de 2018, en clara sintonía con las pretensiones de los territorios mineros de España.


La postura común que defienden Aragón, Asturias y Castilla y León coincide con la que fijó el Parlamento Europeo el 23 de noviembre de 2010, pero no ha sido apoyada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en consonancia con la posición contraria al carbón avalada por el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, y del Consejo de Europa, han agregado las mismas fuentes.


Ha sido esta postura, sobre el sector, la que ha llevado según han recordado desde el Ejecutivo a las tres comunidades autónomas productoras de carbón a trabajar coordinadamente y diseñar su propio plan de actuación, para luchar por la supervivencia de un sector minero que debe tener garantías de futuro.


El Gobierno aragonés propondrá a la representante polaca la recuperación del carbón bajo el concepto de reserva estratégica, ya que el mineral permite garantizar la seguridad de suministro ante situaciones de crisis.


Al fijar el cierre de las minas en 2018, por la Decisión 787/2010/UE de octubre de 2010, agudiza, sin embargo, la dependencia energética de España, al renunciar a la única fuente autóctona de energía.


Según el Gobierno aragonés, dicha decisión contraviene el artículo 15.4 de la Directiva 2009/72/CE, que sostiene que "por motivos de seguridad del suministro, los Estados miembros podrán disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de las instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas".


Pero en "una proporción que no supere, en el curso de un año civil, el 15 por ciento de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad que se consuma en el Estado miembro de que se trate".


Para el Ejecutivo aragonés, el cierre de las minas antes de final de 2018 conllevaría, además, drásticos efectos socioeconómicos y varios países europeos se han posicionado en contra de la citada decisión.