SERVICIOS SOCIALES

Exigen que se agilicen los plazos de las ayudas de la dependencia

Los colectivos sociales reclaman que se revise la ley con carácter urgente y aumente la financiación

Es urgente revisar la Ley de Dependencia para adaptarla a la realidad del gran número de beneficiarios que han desbordado las previsiones. Además hay que agilizar los plazos para recibir las prestaciones y exigir una mayor financiación al Gobierno central. Estas son las demandas que plantean los colectivos sociales tras conocer que más de 1.500 dependientes han fallecido en Aragón sin percibir las ayudas que les correspondían.

 

"Nuestros enfermos se deterioran muy rápidamente y siempre hemos reivindicado que se acorten los procesos de reconocimiento, sobre todo porque este tipo de pacientes pasan enseguida de una fase a otra", señaló María Jesús García, coordinadora general de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFEDAZ).

 

María Jesús García reconoció que aunque la ley ha supuesto "un avance" es necesario "agilizar los trámites". De momento la entidad da un "voto de confianza" al Gobierno aragonés para ver cómo evoluciona la implantación de la ley en las próximos meses. No obstante, señaló que en otras comunidades ya se han tomado "medidas extremas" y se han firmado convenios con colegios de abogados para presentar reclamaciones por la vía administrativa. "De momento aquí sabemos que hay personas que están llevando a cabo acciones de este tipo a título individual, pero no como colectivo", afirmó.

 

El presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Aragón, Pedro Sánchez, insistió en la necesidad de "adelantar" a este 2009 la revisión prevista para 2010 y aumentar la dotación económica tanto del Gobierno central como de cada autonomía "para que no haya diferencias entre unas y otras".

 

Sánchez recalcó que las cifras de posibles dependientes que se manejaban se desbordaron desde el principio con la aparición de beneficiarios "ocultos" que hasta ahora eran cuidados por sus familiares.

Para el presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), José María López, el principal problema radica en la falta de aportación monetaria por parte del Gobierno central. "El Estado financia el 50% del coste y con este sistema nos vamos a encontrar con comunidades de primera y segunda, ya que habrá regiones que tendrán más disponibilidad para llegar hasta donde no pueda Madrid", aseguró.

 

También mostró su temor por la repercusión negativa de la crisis en las políticas sociales. Asimismo indicó que el colectivo de discapacitados intelectuales no se está viendo demasiado perjudicado por la lentitud de los trámites, ya que la mayoría ya cobraba pensiones y ayudas que simplemente se han convalidado para integrarse al sistema de la dependencia.

 

Por su parte, los partidos políticos de la oposición coincidieron a la hora de cargar las tintas contra la "nefasta gestión" del Ejecutivo autonómico. En opinión de la secretaria general del PP en Aragón, Rosa Plantagenet, los 1.500 casos de personas que murieron sin percibir las prestaciones ponen de manifiesto la "ineficacia" de la gestión del Gobierno aragonés. Asimismo insistió que la lentitud con la que se están atendiendo las solicitudes es solo "una tapadera de la falta de dinero, que es el verdadero problema de fondo".

 

Unas críticas muy parecidas vertió el portavoz parlamentario de CHA, Chesús Bernal, que calificó esta situación de "abominable" y "lamentable", y recordó que Aragón fue una de las pocas comunidades que no "levantó la voz" ante Madrid por la falta de financiación para la Ley de Dependencia.

 

En esta misma línea, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, denunció que no se están cumpliendo los objetivos por "falta de recursos y desarrollo normativo y reglamentario".