Luquin se compromete con una sanidad 100% pública sin "repago ni privatización"

La candidata de IU a la presidencia de Aragón, Patricia Luquin, se ha comprometido con una sanidad 100% pública, universal y de calidad, sin "copago ni repago" ni privatización de hospitales, en referencia al de Alcañiz.

Ante la sede de la consejería de Sanidad en Zaragoza, Luquin ha denunciado la "nefasta" gestión en sanidad esta legislatura del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi y del consejero en la materia, Ricardo Oliván, porque han "traspasado las líneas rojas", entre otras cuestiones con unas listas de espera "con cifras históricas" que son un problema estructural que se debe abordar no con conciertos privados, sino aprovechando al cien por cien los recursos y con la contratación de más profesionales.

"El próximo gobierno -ha advertido- descubrirá que hay facturas en los cajones de la sanidad porque no se han pagado".

La sanidad, ha dicho Luquin, no es un gasto e IU se compromete a garantizar que siga siendo un derecho universal, accesible, gratuito y de calidad y con una gestión e infraestructuras "100% pública", con una financiación finalista que garantice las necesidades de todas las personas que viven en Aragón.

Ha insistido en la necesidad de que se derogue el decreto que introdujo recortes en la sanidad y supuso la expulsión del sistema a los inmigrantes en situación irregular administrativa, incumpliendo el Estatuto de Autonomía de Aragón, que establece que todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud.

También por el "repago", que penaliza a las personas en situaciones más vulnerables, a los enfermos crónicos y a la vejez.

"No puede ser que en esta comunidad autónoma haya personas que dejen tratamientos porque no pueden pagarlos", ha aseverado la candidata de IU.

Oliván, ha dicho Luquin, tenía una "hoja de ruta clara" de ir deteriorando la sanidad pública e IU está en contra del área única sanitaria, que abre la puerta al "desmantelamiento" de la atención primaria y a que haya ciudadanos "de primara y de segunda", dependiendo de dónde vivan.

También se ha referido a la adjudicación a una constructora de la ejecución del Hospital de Alcañiz, y ha tachado de "indecente" que se quiera "secuestrar los presupuestarios de Sanidad para los próximos 20 años" y de "absolutamente irresponsable" que se haga ahora, con "un gobierno prácticamente en funciones".

Ha recordado que IU, junto con otras fuerzas políticas y colectivos, ha interpuesto un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para paralizarlo y se ha comprometido a rescindir el contrato y a garantizar que el Hospital de Alcañiz sea una infraestructura financiada y gestionada cien por cien pública.

Asimismo, se ha referido al Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (Casar), que era un modelo de privatización "encubierta" y ahora se tiene que asumir desde lo público con un déficit de 17 millones de euros. "Esto no puede pasar así, sin más", por lo que IU, ha señalado, exige una auditoría para conocer cómo se ha gestionado el dinero público.

IU también apuesta, ha agregado Luquin, por potenciar la atención a la salud mental en los barrios y por impulsar la Atención Primaria, y específicamente en el medio rural, donde se han cerrado consultorios locales, su partido pretende garantizar que haya UVIs móviles que permitan que cualquier ciudadano, con independencia de donde viva, pueda estar en 30 minutos en su hospital de referencia.

La candidata se ha referido además a los enfermos de hepatitis C y ha apoyado que se le proporcionen medicamentos a todas los afectados al considerar "deleznable que se le ponga precio a la vida" porque no se quiera garantizar los fármacos por su coste.

"No podemos depender de los lobbys farmacéuticos a la hora de poder acceder a determinado tipo de medicamentos", y garantizar que llegan a todas las personas que los necesiten pasa por un impulso de la investigación pública desde las patentes.

Por su parte, el número dos de la candidatura, Jorge Sanz, ha criticado la gestión en servicios sociales, que para IU son un instrumento para paliar desigualdades, y ha apostado por que sean flexibles, integrados y adaptados al territorio y a la persona, creando una red que asegure estas características.

Ha denunciado además los "recortes brutales" que ha sufrido la atención a la dependencia, con 1.400 millones de euros menos de financiación estatal y una "dejación de funciones muy clara" del gobierno de Rudi, dado que Aragón es la segunda comunidad que más beneficiarios de ayudas ha perdido y también la segunda en la que ha aumentado más la lista de espera.

Actualmente hay 8.000 beneficiarios reconocidos que aún no han recibido las prestaciones, según Sanz, para quien el ejecutivo de Rudi quiere dejar la atención, en muchas ocasiones, en manos de la "caridad" de entidades privadas y religiosas.

IU, ha remarcado, defiende que la atención a la dependencia debe cubrirse con servicios profesionales públicos y excepcional con la prestación económica, que en todo caso debe ser irrenunciable mientras los servicios públicos no estén garantizados.