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El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado hoy la condena de 3 años de prisión impuesta al general de Sanidad Vicente Navarro y de 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capital Miguel Sáez por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en al accidente del Yak-42 en Turquía.

Así lo ha acordado la Sala de lo Penal tras deliberar a puerta cerrada sobre el recurso de los tres condenados y de las asociaciones de familiares de víctimas de este accidente contra la sentencia dictada el 16 de mayo del año pasado por la Audiencia Nacional, según ha informado en un comunicado el Alto Tribunal.

El TS ha rechazado, por unanimidad, todos los recursos interpuestos y ha confirmado en su integridad la sentencia de Audiencia Nacional, que consideró al Ministerio de Defensa responsable civil subsidiario.

La sentencia, que no contará con votos particulares, se hará pública en los próximos días, mientras que la Sala ha estado formada por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez y Juan Ramón Berdugo.

La Audiencia Nacional condenó a Navarro a 3 años de prisión como responsable de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público por falsear, de forma consciente, la identificación de 30 de los 62 militares que perdieron la vida en el siniestro del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).

Por los mismos hechos, aunque en calidad de cómplices, fueron condenados a 18 meses de cárcel el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez.

Contra la sentencia de la Audiencia Nacional interpusieron recurso los tres militares condenados, que pedían su absolución, y la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42, que solicitó que se elevase de tres a seis años la pena de prisión para el general Vicente Navarro.

Los familiares piden también que se imponga la misma pena a los otros dos militares condenados por las identificaciones erróneas de treinta cadáveres de los militares que perdieron la vida en el accidente de Turquía.

Además, la asociación que agrupa a las familias de los soldados damnificados, reclamaba una multa de 60.000 euros e inhabilitación especial por otros seis años para Navarro y un incremento de las indemnizaciones para los padres, cónyuges, hijos y hermanos de todas las víctimas del accidente, y no sólo de los soldados que fueron erróneamente identificados.

Los familiares protestaron también por la denegación de varias pruebas que solicitaron y les fueron denegadas durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional entre el 23 de marzo y el 21 de abril pasados, como el testimonio del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono.

Precisamente mañana la Audiencia Nacional estudiará los recursos interpuestos por las familias de las víctimas del accidente en el que pedían nuevas imputaciones, entre ellas la de Trillo, que rechazó el juez Fernando Grande-Marlaska en 2008.

Además, el pasado 12 de marzo el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza condenó por segunda vez a las empresas Chapman Freeborn y la compañía aérea Ukrainian Mediterranean Airlines (UM Air) por su responsabilidad civil en este accidente.