El Juzgado de Registro Civil Exclusivo de Zaragoza está colapsado. Ni la juez encargada, ni la secretaria, ni los funcionarios pueden dar más de sí. El trabajo y los trámites se han multiplicado con el paso de los años, pero ni los medios ni la plantilla han aumentado en la misma proporción. Los funcionarios atienden cada mañana a más de 350 personas en las oficinas de la calle de Alfonso I (antiguo edificio Gay), pero se siguen quedando muchas fuera, formando colas eternas. De hecho, se llegan a repartir más de cien números en apenas diez minutos.

Las consecuencias son especialmente preocupantes en secciones como la que se encarga de la nacionalizaciones, en la que se han visto obligados a dar cita a un año vista. Y la fecha que se les da es para iniciar el expediente, lo que significa que todavía pasará más tiempo hasta que se cierren todos los trámites. "No obstante, en cuanto comenzamos el papeleo, todo va rápido", se consuela Carmen Canfranc, la magistrada encargada del Registro Civil.

La juez reconoce que lleva tiempo haciendo encaje de bolillos para repartir las tareas entre los 27 funcionarios que conforman la plantilla. Su objetivo, sacar adelante la faena causando los menos trastornos posibles al ciudadano. "Pero ha llegado un momento en que nos vemos desbordados e impotentes para hacerlo", reconoce. No en vano, la población inmigrante de la capital aragonesa se ha incrementado un 22% en solo un año y ya son más de 90.000 los ciudadanos extranjeros. "Atender a estas personas lleva mucho tiempo, ya que hay problemas legales y de idioma", detalla Canfranc.

A diferencia de otros juzgados, al Registro Civil todavía no ha llegado ningún programa informático para gestionar y tramitar los procedimientos. Y por sorprendente que pueda resultar, todos los expedientes y anotaciones se hacen todavía a mano, en cuadernos de anillas como los que usan los escolares. "Es algo penoso y requiere de una gran cantidad de tiempo, pero es que además conlleva una total inseguridad en el trabajo", puntualiza la magistrada. De hecho, se puede dar el caso de que alguien intente engañarnos e inicie dos expedientes por el mismo asunto. Y, a no ser que a algún funcionario le suene la cara de la persona que lo intenta, esta podría llegar a lograr su propósito.

De los 27 funcionarios que configuran la plantilla, siete pertenecen al cuerpo de Gestión Procesal, diecisiete al de Tramitación y tres al de Auxilio Procesal. En diciembre, cesó uno de los gestores y su vacante no salió a concurso, por lo que tuvo que cubrirse con una trabajadora interina. El traslado de ese funcionario obligó a suspender temporalmente los 454 expedientes de inicio de nacionalidad que tramitaba, pues los otros dos gestores de esa esa sección tenían sus agendas completas al menos hasta junio de 2009. Es decir, que hasta esa fecha no podían señalar otra nueva para hacerse cargo de ese casi medio millar de expedientes.

La magistrada Carmen Canfranc dio cuenta de esta situación de colapso en un informe que comunicó al Juez Decano en noviembre de 2008, en el que advertía del retraso que iba a comportar no solo para las personas afectadas por esas suspensiones, sino también para las que diariamente acuden al Registro para pedir cita para iniciar el expediente de nacionalidad y que tendrán que esperar más de un año.

La juez recordaba también que los funcionarios deben compaginar su trabajo con el de información a las numerosas personas que cada día pasan por las instalaciones de la calle de Alfonso I, preguntando por cuestiones tan variadas como matrimonios, juras de nacionalidad, inscripciones de nacimientos y defunciones, duplicados, cambios de nombre, adopciones, tutelas, emancipaciones... Esa labor de información la prestan entre las 9.00 y las 10.00 y el resto de la mañana es un funcionario quien facilita los impresos que ha elaborado el propio juzgado para que, de una manera genérica, les guíen y orienten, pues el resto tiene que atender a las personas citadas.

La juez explica también que hay secciones como defunciones, errores, duplicados de libros de familia, fes de vida y estado, adopciones, nombres, apellidos, etcétera, que son atendidas por un único funcionario.

La situación empeoró en 2006

La situación se complicó todavía más cuando a finales de 2006 asumieron las adopciones internacionales, de las que antes se hacía cargo el Registro Central de Madrid. "Tengo que reconocer que aquel año nos reforzaron con dos funcionarios y que yo delegué funciones en los 65 juzgados de paz que corresponden al distrito. Pero el trabajo ha ido creciendo y, ni aún así, llegamos", subraya Carmen Canfranc. La magistrada muestra su preocupación por la mala imagen que están dando. "Pero el motivo es que estamos desbordados", insiste.

Solo hay que ver las colas que se forman en la calle desde las 8.30 para coger número, y muchos se van sin él o sin poder hacer la gestión que pretendían, salvo que sea urgente o esencial.

"Existe una necesidad imperiosa de crear en Zaragoza un segundo registro civil, pues ni esta encargada, ni la secretaria judicial, ni el personal existente podemos asumir el trabajo que se acumula", dice la juez en su último informe, advirtiendo que se corre el peligro de llegar a una situación de colapso todavía "mayor que el actual".