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Aunque el PSOE asegura lo contrario, cada vez se antoja más improbable -por no decir imposible- que las Cortes aprueben una ley de la montaña antes de que acabe la legislatura. Cinco meses después de que terminase el proceso de participación impulsado por la DGA para sentar las bases de esa futura norma, y a pesar de que su promulgación es uno de los principales compromisos incumplidos de Marcelino Iglesias, la Cámara todavía no ha empezado a trabajar en la elaboración de un texto legal que amplíe la protección del Pirineo y de otras zonas de la Comunidad.

La Mesa de la Montaña entregó a los grupos parlamentarios las conclusiones de sus 12 meses de trabajo el pasado 14 de abril. Entonces el PSOE ya anunció que su intención era pactar la futura ley con el PP, y por eso dos semanas después su portavoz, Jesús Miguel Franco, propuso la creación de una ponencia especial.

Esta fórmula, similar a la utilizada con el Estatuto de Autonomía, supone que todos los partidos podrán participar en la redacción del proyecto de ley. No obstante, también lleva más tiempo, y de eso los socialistas no andan sobrados.

Cuando la Mesa de la Montaña llevó a las Cortes el fruto de su trabajo quedaban apenas diez meses útiles para el final de la legislatura, y eso sin contar que a partir de Navidad los partidos no van a arriesgar nada y van a estar centrados en las elecciones. El propio PSOE reconoció entonces que los plazos eran muy justos, por lo que cabía esperar que los socialistas se volcaran en la preparación de la nueva ley. Sin embargo, no ha sido así.

Más de cuatro meses después de que se anunciase su creación, y a apenas cinco de que se disuelva la Cámara, la ponencia ni siquiera se ha constituido. Fuentes del grupo socialista aseguran que empezarán a trabajar en la segunda quincena de septiembre, después del debate sobre el estado de la Comunidad, pero lo cierto es que eso mismo ya lo dijeron antes del verano.

Pese a todo, el PSOE sigue insistiendo en que habrá ley de la montaña y en que todavía queda tiempo. Según explican, durante este tiempo el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior ha estado estudiando las conclusiones de la Mesa de la Montaña para ver qué aspectos se pueden incorporar a la legislación con rango inferior al de una ley y cuáles tienen que incluirse en el trabajo de la ponencia.

Mientras, desde la oposición CHA e IU consideran que la falta de noticias sobre la ley confirma que en realidad el PSOE no tiene ninguna intención de aprobarla por lo que pueda significar para proyectos como la ampliación de Cerler o la candidatura olímpica. Para esas formaciones y para el PP el anuncio de la creación de la ponencia no fue sino una maniobra dilatoria. Los populares critican además que el PSOE se comprometiera a tramitar una ley que según ellos no es necesaria y presenta una gran complejidad jurídica.