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Ni pacto bilateral Aragón-Estado para fijar la financiación autonómica, ni más peso a la superficie y el envejecimiento en el conjunto del sistema, ni siquiera ponderar adecuadamente el alto esfuerzo fiscal que hacen los aragoneses en comparación con los ciudadanos que viven en otros territorios. El Estatuto de Aragón ha sido reiteradamente incumplido en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, según han denunciado PP, PAR, CHA e IU. El Gobierno central y el PSOE aragonés coincidieron sin embargo en lo contrario. "El modelo sí cumple con el Estatuto aragonés", afirman. En cualquier caso, optan por cierta moderación en este tipo de aseveraciones y -vista la situación- han decidido no manifestarse como la Generalitat de Cataluña: "La nueva financiación cumple en su máxima potencialidad el Estatut catalán", manifestó ayer el consejero de Economía catalán.

En cuanto a los criterios que debía ponderar la nueva financiación de acuerdo con el Estatuto de Aragón, el incumplimiento en el que todos -excepto el PSOE- coinciden es en el de superficie. Antes, en el fondo que implicaba el 50% de las partidas del sistema, pesaba el 4,2%. Ahora, en el fondo que supone el 80% del sistema, solo se pondera en el 1,8%.

Además, se ha incumplido también el mandato de ponderar adecuadamente el envejecimiento de la población. De hecho, se ha bajado su peso en el sistema para aumentar el de la población de menos de 16 años, que es justo el rango poblacional en el que Aragón sale más perjudicado. Para justificarlo, Larraz ayer afirmó que cada vez pesa más el segmento joven de la población en Aragón. Los datos del Ministerio de Economía sin embargo cuestionan el apoyo que da la DGA a que el sistema prime con aún más dinero a las Autonomías con más jóvenes. Según el Gobierno, Aragón tiene el 3,7% de todos los mayores de 65 años mientras apenas llega al 2,7% de los menores de 16.

Una negociación pendiente

Si la oposición y el PAR han denunciado irregularidades en el fondo, también se han cuestionado las formas. En este sentido, excepto la parte PSOE de la DGA, todos han coincidido en que no se ha producido una negociación bilateral Aragón-Estado para definir el nuevo sistema de financiación.

Aunque por el resultado no lo parezca, los políticos aragoneses se inspiraron en buena medida en algunas partes del Estauto catalán en el momento de elaborar las cláusulas de financiación del texto aragonés. Así, el Estatuto habla de que debía haber un acuerdo bilateral antre ambas administraciones que posteriormente fuese ratificado por la comisión mixta.

El texto enviado por el Gobierno central a Aragón será efectivamente ratificado tras su trámite parlamentario por la citada comisión, pero no consta que el acuerdo final de financiación se haya producido como consecuencia de una negociación bilateral entre la DGA, las Cortes y el Gobierno central.