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Tras catorce meses de investigación policial y judicial secreta, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, decidió ayer comunicar a los abogados de los 26 imputados en la presunta trama de corrupción urbanística de La Muela el levantamiento del secreto que pesaba sobre las diligencias.

Sin embargo, a efectos prácticos, el caso continúa fuera del alcance de los letrados puesto que por problemas de logística y dada la voluminosidad del sumario, unos 12.000 folios repartidos en 22 tomos, no será hasta la próxima semana cuando empiecen a tener acceso a ellos.

Por el momento, continúa sin trascender sobre qué pruebas se fundamentan las imputaciones sobre la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla y el resto de los 25 imputados. No obstante, este periódico ha podido saber que el juez y la Policía han contado en todo momento con la colaboración de al menos dos testigos protegidos. Estos no tienen necesariamente que coincidir con el o los particulares que presentaron la denuncia que dio origen a toda esta investigación, aunque es probable que sea así.

En el auto judicial, con fecha 7 de abril pero comunicado ayer, el instructor del caso explica que "habiendo variado las circunstancias" que en su día -concretamente el 1 de febrero de 2008-, obligaron a declarar las actuaciones secretas, ha decidido alzar la medida porque en este momento "por las partes personadas no se va a perjudicar la investigación que sigue en curso".

Al mismo tiempo que el pasado 17 de marzo el juez ordenaba las detenciones de 19 de los 26 imputados en la trama, tomaba al mismo tiempo decisiones importantes, como bloquear las cuentas bancarias de parte de los imputados e intervenir sus propiedades para que no pudieran ser enajenadas.

Sin embargo, ayer, Alfredo Lajusticia emitió una providencia en la que acordaba el desbloqueo parcial de algunas cuentas corrientes para que sus titulares puedan afrontar pagos puntuales de los recibos que les están llegando, aunque previo ingreso del importe exacto de la deuda. Es decir, que siguen sin poder tocar ni un euro de esas cuentas.

La trama de corrupción urbanística se destapó el pasado 17 de marzo y supuso la detención de la alcaldesa de La Muela, del Partido Aragonés (PAR); su marido, Antonio Embarba; su hijo Víctor Embarba; y el concejal del mismo partido Juan Carlos Rodrigo Vela. También fueron arrestados el secretario del Ayuntamiento, Luis Ruiz Martínez, el arquitecto municipal, Francisco Núñez Castillo, y varios empresarios, entre ellos José Carlos Fernández Delgado, apoderado de Brocover, o Julián de Miguel, de Aranade, entre otros.

De todos ellos, el juez, a petición del fiscal, envió a prisión a María Victoria Pinilla, al concejal Juan Carlos Rodrigo, y al empresario José Carlos Fernández, mientras que a Julián de Miguel lo dejó en libertad bajo fianza de 120.000 euros.

La noticia del levantamiento del secreto de las diligencias fue acogida ayer con satisfacción por los abogados de los imputados, puesto que así podrán conocer las pruebas que pesan sobre ellos y empezar su defensa. El letrado Enrique Trebolle, que defiende a de Miguel, manifestó que ésta es una noticia "procesalmente favorable e importante" del proceso puesto que permite acceder a él en las mismas condiciones que el representante del ministerio fiscal.

En similar sentido se pronunció el abogado de la alcaldesa, Javier Notivoli, quien recordó que el hecho de que se levante el secreto permite conocer el contenido de las diligencias "solo a las partes personadas", es decir, a los imputados, los abogados y sus procuradores, y que los letrados deben seguir guardando la debida cautela y mantener el secreto profesional.

Petición de libertad para Pinilla

Javier Notivoli anunció que a principios de la próxima semana solicitará la libertad de su defendida y añadió que durante estas vacaciones se entrevistará con ella en la prisión de Zuera. Como ha hecho desde que fue detenida, el abogado insistió en que María Victoria Pinilla "es muy fuerte" y quiere demostrar su inocencia.

El letrado de José Carlos Fernández Delgado, Carlos Pardo, también solicitó la libertad de su cliente en un recurso de apelación presentado directamente ante la Audiencia Provincial, aunque todavía no ha obtenido respuesta.

Por su parte, el abogado Rafael Ariza hizo hincapié en que los cuatro días festivos de esta semana impiden que puedan acceder al contenido de las diligencias hasta la próxima semana y señaló que un soporte digital sería "lo más cómodo y lo más rápido para todos", opinión a la que se sumó el letrado, José Antonio Rubio.

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial aceptó la impugnación de la juez Magdalena Jiménez para prestar servicio de apoyo a Alfredo Lajusticia en La Almunia. Por lo tanto, ahora habrá que designar a un nuevo candidato.